Los conflictos de interés que enturbian la acreditación de universidades

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Publicado el Sábado, 12 Abril 2008 03:39

Uno de los puntos que más se le cuestiona a la U. de Las Américas, cuyo presidente ejecutivo es el presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa) Herman Chadwick Piñera (UDI), es la alta tasa de deserción que tiene, sobre todo durante el primer año. Y, dado que ya cuentan con la acreditación, dejaría de ser fiscalizada para revertirlo.

Además, no hay que olvidar que si se siguen las sugerencias del consejo asesor de educación superior con respecto a la entrega del aporte fiscal indirecto (AFI), este dinero estatal “premiará” a los centros educacionales que capten estudiantes de menores ingresos. Algo que le viene como anillo al dedo a la casa de estudios, uno de cuyos vicepresidentes es el ex ministro de Frei y embajador en Estados Unidos, Genaro Arriagada (DC).

De esta forma, y dada la alta deserción estudiantil, los fondos simplemente “irán para adentro” y no a los bolsillos de las familias. O sea, negocio redondo.

Clima de influencia

Pero no sólo hay preocupación al interior de la CNA. Dentro de la Comisión de Educación del Senado, existen “sospechas” de que hay gato encerrado y un alto grado de conflicto de intereses.

Por ello, planean reunirse el próximo lunes con el ministro de Educación suplente, René Cortázar, y así aclarar lo sucedido en el último proceso de acreditación del sistema universitario, donde se rechazó la apelación de la UTEM, de la Universidad del Mar, de la Universidad de Ciencias de la Informática y de la Universidad Pedro de Valdivia, acreditando sólo a la casa de estudios en cuyo consejo directivo se encuentra Jorge Selume Zaror, mano derecha de Álvaro Saieh en Corp Group.

Según el presidente de la comisión, Alejandro Navarro (PS), existen representantes de las propias universidades en proceso de acreditación que votaron a favor de ellas y en contra de la competencia, por lo que pretenden evaluar el procedimiento junto a Cortázar.

El factor Dittborn

Como botón de muestra tenemos el caso de la Universidad Utem, que el 2 de abril recibió la estocada final con respecto a su acreditación.

Casi por unanimidad, exceptuando el voto del consejero asignado por las Academias del Instituto de Chile, Santiago Vera, el consejo optó por no dar luz verde a esta casa de estudios.

De la decisión, también participó la vicepresidenta del organismo, Paulina Dittborn Cordua (UDI), designada en representación de los institutos profesionales. Ella apostó por no inhabilitarse del proceso, a pesar de ser la directora de Desarrollo y Proyectos Educativos de Inacap, institución que tiene un conflicto que se arrastra desde 2004 con la universidad dirigida por Miguel Avendaño.

Ese año, Inacap presentó ante el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía dos solicitudes de registro de las marcas comerciales: “Universidad Tecnológica de Chile”, así como el registro de la frase publicitaria “INACAP, creando la Universidad Tecnológica de Chile”.

Ipso facto la UTEM se opuso a la iniciativa, iniciando un proceso judicial que actualmente se encuentra en la Corte Suprema, debido a los recursos de casación presentados por INACAP, para lograr revertir los pronunciamientos precedentes que les han sido desfavorables.

A pesar de esto, la hermana del diputado Julio Dittborn (UDI) hizo la vista gorda, e incluso firmó el acuerdo, en su calidad de vicepresidenta.

Pero además, el CSE nominó una comisión de expertos para que informara sobre el caso de la UTEM, entre los que se encontraba Joaquín Cordua Sommers, asesor de la gerencia general de Fundación Chile y familiar de Dittborn, quien es esposa del ex ministro de Educación de Pinochet, Juan Antonio Guzmán.

Santos en la Corte

Pero no es la primera vez que los conflictos de interés entre los encargados de acreditar los centros de educación superior saltan a la palestra.

De hecho, en la Comisión Nacional de Acreditación también habría habido “santos en la corte” para algunas instituciones. Es el caso de la Universidad Santo Tomás, que pasó el trámite en diciembre de 2007.

El consejero Rodrigo Alarcón es el vicepresidente ejecutivo de dicha casa de estudios y el brazo derecho de su dueño Gerardo Rocha, recientemente ligado a un homicidio.

Dentro del formulario de declaración de intereses e inhabilidades publicado en la página web del organismo, Alarcón desglosa su relación con la corporación en cuatro vínculos distintos: con el instituto profesional Santo Tomás, el centro de formación técnica del mismo nombre, el CFT Cepsa y la universidad en cuestión. En este caso, detalla que su vínculo atiende a una “relación de carácter comercial con personas jurídicas vinculadas a entidades organizadoras”.

Pero en ninguna parte menciona que posee el 6 por ciento de la propiedad. Este dato, se hizo público luego del escándalo que envolvió a su amigo Rocha. Y levantó inmediatas suspicacias.

Hubo fuertes rumores de que habría participado en la primera etapa del proceso de acreditación de la universidad en cuestión, por lo que incluso un grupo de parlamentarios envió un oficio en marzo al Ministerio de Educación para aclarar si existe alguna incompatibilidad entre la participación de Alarcón en el holding Santo Tomás y el organismo acreditador, consulta que aún no ha tenido respuesta.

La versión de la CNA es otra. Su secretario ejecutivo, Gonzalo Zapata Larraín, aseguró a El Mostrador.cl que “el señor Alarcón se inhabilitó en todos y cada uno de los procesos de acreditación de las instituciones respecto de las cuales se encuentra vinculado, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 20.129”. Además, explicó que no tuvo antecedentes ni estuvo presente en las sesiones en las que se discutió y adoptó acuerdo sobre la acreditación de la Universidad Santo Tomás y el Instituto Profesional Santo Tomás.

Y que incluso “se inhabilitó respecto de una institución que, aunque no tenía ninguna de las vinculaciones descritas en la ley, tenía relación de parentesco con uno de sus directivos”.