Durante este fin de semana o el lunes se debieran reunir nuevamente Joaquín Lavín con  representantes de los rectores, por lo que el ministro estaría gestionando en Hacienda los recursos necesarios para plantear medidas concretas en esa cita.

Pero de acuerdo al  Consejo de Rectores, los 12 puntos de la Agenda del Gobierno “si bien apuntan a situaciones específicas necesarias de ser resueltas, no explicitan la mirada de mediano y largo plazo que se quiere que tenga la política pública en el sistema de educación superior en relación al desarrollo humano, social, cultural, educacional, humanístico, económico, científico y tecnológico del país; ni el hilo conductor”

Ante esto, el Comité Ejecutivo del CRUCH hizo llegar al ministro de Educación y a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Senado, una minuta con el marco de referencia para las conversaciones con el Gobierno, documento que el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, envío a su vez la comunidad del plantel para su conocimiento y discusión.

Entre otras cosas, la minuta establece que la “Educación Superior debe ser una política de Estado abordada con visión de largo plazo, y definida con la participación de actores relevantes”. En este sentido, piden establecer mesas de trabajo que definan a más tardar en septiembre de 2011 la Reforma a la Educación Superior, y que ésta esté contemplada en el Presupuesto 2012.

El Estado debe asegurar un Aporte Fiscal Directo a las universidades del Consejo de Rectores y complementarlo con un Aporte Basal del Estado a los planteles públicos, señala el documento, y establece que en un periodo de 10 años se debiera llegar del actual 0,3 por ciento del PIB de financiamiento a las Instituciones de Educación Superior y los estudiantes, al promedio de la OCDE, que se sitúan en un 1,3 por ciento del PIB.

“Todas las Instituciones de Educación Superior que reciban recursos fiscales deben cumplir con condiciones de elegibilidad, de transparencia, con control de la Contraloría General de la República de todos los recursos fiscales que se entreguen a las IES y cumplimiento con la ley que establece que las universidades son corporaciones sin fines de lucro”, afirman.

Asimismo, establecen que “en pro de la transparencia, se debe legislar para regalar el lobby en Chile”.

Uno de los puntos más relevantes de la discusión y que ha motivado marchas históricas como la del pasado jueves 16 de junio en la unas cien mil personas salieron  a las calles para protestar, es el financiamiento estudiantil. Al respecto, el CRUCH afirma que es necesaria la reprogramación de deudores morosos del FSC, el aumento en número y monto de becas y ayudas estudiantiles para alumnos vulnerables y de clase media, establecer un arancel de referencia, y “disminuir fuertemente” el costo del Crédito con Aval del Estado. Además, señalan que los beneficios debieran ampliarse a los deciles de clase media.

Respecto de la institucionalidad, los rectores plantean la necesidad de crear una Subsecretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y una Superintendencia del sector que sea “responsable de hacer cumplir la ley que rige el sistema de educación superior” y de su transparencia con el objetivo de que todas las instituciones hagan públicos sus estados financieros, propietarios, accionistas y sociedades inmobiliarias, cupos ofrecidos y llenados por carrera, con puntajes máximos y mínimos; espacios de participación de la comunidad universitaria, entre otros aspectos propios de la administración interna de las casas de estudios .

Acerca del llamado Nuevo Trato con las universidades del Estado, solicitan desburocratizarlas y permitir un endeudamiento de largo plazo, hasta 20 años y por el 70 por ciento del patrimonio. Además, indican que el aporte directo del Estado debe llegar “a lo menos al 50 por ciento  de los actuales presupuestos de las universidades estatales, en un lapso de 10 años, definiendo rendición de cuentas. Este porcentaje es similar o inferior al que tienen universidades estatales de prestigio internacional de Brasil, México, y países europeos de la OECD. El Aporte Basal Estatal es la única manera de asegurar la sustentabilidad de la naturaleza pública y ajena a intereses particulares de las universidades estatales y la única garantía que no se siga privatizando el quehacer académico y docente de ellas”.

La minuta contempla medidas para la enseñanza técnico profesional, la investigación académica, la innovación, la formación de capital humano avanzado a través de estudios de postgrado en Chile y el extranjero, convenios de desempeño, sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación superior, mejoramiento del sistema de acreditación de los establecimientos, reformas a la PSU y los sistemas de admisión, además de iniciativas conjuntas para la formación de profesores