Una decisión que tiene varios fundamentos, partiendo por la tramitación de este proyecto de ley, que es un claro ejemplo de cómo no deben hacerse las cosas; no al menos en temas de esta relevancia. No me gustó, por ejemplo, cómo se presentó este tema a la opinión pública, porque esta reforma no es fidedigna en cuanto a su magnitud: no es una revolución en educación; a lo más, es una reforma pequeña y, como lo dijo el Diputado Fuad Chahín, tiene varios pecados originales. El primero, su título: proyecto de ley sobre calidad y equidad de la educación. 

¿Alguien puede responsablemente decir que este proyecto de ley logra aquello? Yo al menos, no estoy en condiciones de responder afirmativamente. El mundo de la educación tampoco, porque el segundo pecado original de esta esta iniciativa es que hizo de espaldas a sus actores, sin participación de la comunidad educativa: alumnos, padres y apoderados, no docentes y profesores. 

Cuán diferente sería enfrentar esta discusión si los hubiésemos incorporado en ella, un error que puede subsanarse si en marzo se dialoga y considera al mundo de la educación, donde hay mucho que aportar para mejorar este proyecto de ley con sus indicaciones y el acuerdo marco de la Concertación con el Gobierno. 

Otro pecado original que no puedo dejar de nombrar es la una tramitación apresurada. Sí, una tramitación apresurada y no ágil y dinámica, que no es lo mismo. No podemos abordar un tema tan importante entre Pascua y Año Nuevo, como si se tratara de un regalo de Pascua de Reyes que deja contento al Ministro Lavín y con sensación de insatisfacción a muchos. 

Y el último pecado original, pero tal vez el más importante, es que el proyecto obvia total y absolutamente la discusión sobre los recursos necesarios para cubrir el endeudamiento que tienen los municipios en materia educacional. 

Si, aunque muchos sostengan que no es un problema de recursos, la realidad demuestra que el escenario actual debe modificarse, porque no hay gobierno comunal que pueda financiar una educación de calidad. 

Y aquí solo un ejemplo para no hacer una larga lista. Yerbas Buenas tiene una deuda en materia de educación de mil 200 millones de pesos, por lo que fue intervenida por la cartera de Educación. Visitamos al Ministro -agradezco a Joaquín Lavín por su permanente disposición a escuchar y conversar- y le pedimos que revisara la situación que se vivía en esta comuna. 

De la deuda de arrastre, nada; del déficit mensual de 30 millones de pesos y tras el análisis de los expertos, se adoptó un conjunto de medidas entre las que se cuentan el cierre de escuelas y juntar varios cursos en uno. Sin embargo, cada 30 días el déficit mensual es de 10 millones mensuales. Claramente, hay un problema estructural. 

Nuestro país ha avanzado mucho en materia de educación en los últimos 22 años. Las escuelas ya no son las mismas; la reforma apuntó no sólo a la infraestructura, sino también a la evaluación, los recursos, el acceso y la preparación. Hay una base que el Gobierno debe aprovechar y sobre ella proyectar los avances que todos sabemos son necesarios y urgentes, pero no por ello estoy dispuesta a aprobar un sistema de despidos arbitrarios. Como hija y madre de profesoras, creo en la dignidad de los maestros y en su enorme trascendencia para el presente y futuro de nuestro país. 

Por ello, creo importante legislar sobre una nueva carrera docente, sobre establecer un adecuado sistema que permita establecer mejoras y perfeccionar el retiro de aquellos profesores que ya cumplieron su tarea para que se pensionen en condiciones dignas y decentes. 

Señor Presidente, hoy estamos votando la idea de legislar. Creo fundamental que legislemos en materia de educación, pero debemos hacerlo bien, con el análisis de todos quienes hoy nos han mandatado para estar aquí en el Parlamento, con participación de la comunidad involucrada. Yo no respaldaré ninguna norma que signifique despidos arbitrarios, discriminación y vulneración de los derechos de los profesores, como tampoco nada que signifique menoscabo a la educación pública. 

Por esta razón llamo al Ministro de Educación para que en marzo -el mes en que se inicia el año escolar-, rinda examen de validación y propicie una legislación de cara a la ciudadanía, con la ciudadanía y por la ciudadanía. 

Chile merece una reforma educacional de verdad, una reforma que defina una nueva carrera docente; un estado más grande y mejor para que exista educación de calidad y equidad; un aumento de la cobertura y calidad de la educación preescolar y una revolución verdadera y profunda a la educación superior. Todo ello, con participación y diálogo, porque así funciona la democracia y porque en caso contrario, nuestra educación pública estará en serio riesgo.