La educación es un bien público

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Publicado el Domingo, 09 Noviembre 2008 00:00

Lo que hasta ahora era necesario solamente para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, ya se ha convertido en una necesidad también para los adultos. Los radicales cambios constantes y acelerados exigen la educación permanente para todos durante toda la vida.

Por ser un bien necesario es al mismo tiempo un derecho, un derecho igual para todos y, por tanto, en las mismas condiciones. Para que nadie lo olvide las Naciones Unidas lo recuerdan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Arts. 1,2 y 26).


A pesar del recuerdo y de la obviedad de sentido común, en América Latina hay treinta y cinco millones y medio de personas entre 3 y 18 años de edad sin escolarizar, y en Paraguay solo un 42% de adolescentes acaban el tercer ciclo y solamente el 27% de jóvenes acaban el bachillerato.

¿Por qué tantos adolescentes y jóvenes no pueden satisfacer su derecho a la educación?
Todo derecho lleva consigo un deber. El deber de dar educación escolar a todos es un deber de toda la sociedad, la cual lo delega al Estado y a los sucesivos Gobiernos que lo van administrando. La Constitución Nacional (Arts. 73-76) nos garantiza el derecho y obliga al Estado y consecuentemente al Gobierno a cumplir con este deber: deber de educar a todos en las mismas condiciones.

No cabe duda que este derecho a la educación es un bien y además un bien público porque es un bien de todos y para todos, que compromete como deber a toda la sociedad, al Estado como organización de la sociedad y a cada uno de los Gobiernos en su turno. Toda educación es un bien público y desde luego lo es la educación formal de gestión oficial y la educación formal de gestión privada. Al decir que la educación es un bien público estamos afirmando que no es un bien comercial, sometido a los vaivenes e intereses del mercado. Más aún, hay consenso universal en reconocer que por ser un bien necesario y público debe ser un bien gratuito, al menos para toda la edad escolar, que es ya necesaria para vivir con dignidad y un mínimo de calidad.

Que la sociedad delegue la seguridad de la educación al Estado y al Gobierno, no quiere decir que el Estado y el Gobierno pueden hacer en educación lo que se les antoje, porque quien legitima y sostiene a ambos es toda la sociedad, además dueña soberana de los bienes y fondos del Estado.

Toda la sociedad, también la civil, tiene el derecho y el deber de organizarse para participar activamente en la definición de los fines de la educación, en el diseño del sistema educativo, en la elaboración de las políticas públicas, en el control de la ejecución y administración de todo el sistema.

El Gobierno, por fidelidad a sus electores y en función de Estado por obligación con toda la sociedad, debe promover políticas que faciliten la responsabilidad social y política de todos los ciudadanos, especialmente en el ámbito de la educación, por ser bien público, necesario.
Las causas de la pobreza son muchas, pero entre ellas ocupa un lugar fundamental la falta de educación. Está demostrada la relación directa que hay entre subdesarrollo educativo y subdesarrollo económico, entre pobreza personal y carencia e insuficiencia de educación. El estado de subdesarrollo y el alto número de pobres en nuestro país deben cuestionarnos directamente sobre lo que venimos haciendo en educación.

Cuando los educadores decimos que el presupuesto de la nación debe alcanzar al 15 por ciento del Producto Interno Bruto, no estamos diciendo un porcentaje al azar. Ese ha sido el porcentaje dado por países que decidieron salir de la pobreza y han salido de ella; ese porcentaje compensará el impresionante déficit que arrastra nuestra educación para llegar a la cobertura total de la población en edad estudiantil, la deficiencia de construcciones y mobiliarios escolares y la baja calidad de la mayoría de las que existen, la ausencia de bibliotecas, laboratorios e informática, el bajo sueldo de nuestros educadores profesionales y de los que ocupan puestos de administración en el MEC y en el sistema, la insuficiente formación de nuestros educadores y el pobre nivel, en general, de los Institutos de Formación Docente, la falta de recursos financieros para la investigación educativa y la escasa inversión en la formación permanente de los educadores en ejercicio de la profesión.