Educación superior e inicial no dimensionada en lo económico

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Publicado el Viernes, 26 Septiembre 2008 02:55

En la Escuela de Lenguas de la Universidad de Guayaquil, los alumnos cancelan $ 13 mensuales para pagar a quince maestros y al personal de servicio que da mantenimiento a los laboratorios, dice César Béjar, director de la carrera.

Sin embargo, este derecho que incluye el proyecto constitucional no ha sido cuantificado por las entidades involucradas. Actualmente, algunos rectores de universidades han hecho cálculos. Por ejemplo, Moisés Tacle, rector de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), dice que para cumplir con la gratuidad su establecimiento necesitará $ 20 millones al año adicionales para atender a los 15 mil alumnos que tiene ahora la institución. “En este momento, el Estado está cubriendo el 50% de la Espol, esto es alrededor de $ 30 millones”, explica.

En el caso de la Universidad de Guayaquil, que tiene en estos momentos 79.125 estudiantes, el desembolso que deberá hacer el Estado es mucho mayor. “Lo que nosotros recaudamos por autogeneración de fondos de lo que pagan los alumnos por matrículas, tasas, derechos, pregrados, son $ 40 millones, es lo que el Gobierno tendría que compensar a la institución por la no recaudación de esos valores”, dice Carlos Cedeño, rector del alma máter porteña.

Este valor sería adicional a los $ 62 millones que actualmente da el Gobierno para solventar los gastos de las universidades. Además, Cedeño recalca que la cifra de $ 40 millones es preliminar, pues no se considera que el próximo año podrían llegar más estudiantes precisamente motivados por la gratuidad.

El proyecto constitucional también contempla inversión  educativa. Según la disposición transitoria 18, “el Estado asignará de forma progresiva recursos públicos del Presupuesto General del Estado para la educación inicial básica y el bachillerato, con incrementos anuales de al menos el 0,5% del Producto Interno Bruto hasta alcanzar un mínimo del 6%”. Esto es cerca de $ 225 millones, teniendo en cuenta que el PIB para el 2009 está proyectado en $ 55.470 millones. El actual es de $ 48.508 millones.

Además, la disposición transitoria 21 establece la jubilación voluntaria de docentes. Según Guido Rivadeneira, subsecretario Administrativo y Financiero del Ministerio de Educación, esto representa un gasto de $ 90 millones más.