Chile: estudiantes y profesores presionan para fortalecer educación pública

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Publicado el Miércoles, 16 Julio 2008 17:52

El incidente se produjo en medio de una actividad pública de la ministra Mónica Jiménez, cuando una estudiante la increpó verbalmente y luego le arrojó a la cara un jarrón repleto de agua.

Lejos de mostrarse arrepentida, la niña junto a su madre validaron la agresión, al igual que el gremio de los profesores, que desde hace dos años ha unido esfuerzos con estudiantes para protestar en favor del fortalecimiento de la educación pública.

Primero fue la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), promulgada por Pinochet un día antes de dejar el poder en 1990 para consagrar el carácter privado de la educación chilena la que movilizó a estudiantes y profesores en mayo de 2006.

La movilización, conocida como la 'Revolución de los pingüinos' -por la vestimenta de los estudiantes- derribó al ministro de educación de la época y puso en jaque al gobierno de Michelle Bachelet que recién asumía el poder.

Tras 40 días, la protesta terminó con el compromiso oficial de terminar con la LOCE. Una nueva ley vio la luz un año más tarde luego del trabajo de una comisión de expertos de todas las tendencias, bajo el nombre de Ley General de Enseñanza (LGE).

Pero para estudiantes y profesores la LGE -que se tramita actualmente en el Congreso- no consagra a la educación pública como pilar del sistema educativo chileno (tal como lo fue hasta 1973 cuando se inició la dictadura de Pinochet), por lo que reanudaron las protestas.

El objetivo final es que se retire la ley del Parlamento y se elabore un nueva iniciativa que ponga su acento en la educación pública, con el consiguiente aumento de los recursos.

Los estudiantes buscan que Chile vuelva a la situación que existía hasta 1973 cuando se destinaba el 7% de su PIB a la educación pública.

"No hay ningún país en el mundo donde el neoliberalismo haya hecho más daño a la educación", señaló el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, en un reciente encuentro con medios de prensa extranjeros.

"Todo el aparato público fue desarmado por la dictadura y si no hacemos algo los niños pobres no van a tener donde estudiar en Chile", agregó.

Pinochet redujo progresivamente el aporte estatal a la educación, hasta dejarlo en 1990 en un 2,4%, disminuyó los salarios y beneficios a profesores y dejó en manos de los municipios la administración de los colegios públicos.

La dictadura creó además los llamados colegios subvencionados, donde el Estado entrega recursos a privados para la manutención y construcción de colegios, a cuya mensualidad deben también aportar los padres.

El Ministerio de Educación quedó con un mínimo control sobre estos colegios, que cualquier particular puede montar y donde estudia actualmente casi la mitad de los estudiantes chilenos.

Los gobiernos instalados tras el fin de la dictadura mantuvieron la LOCE, aunque aumentaron los recursos destinados a la educación, para situarlos en 2006 en un 3,8% del PIB.

Se aumentó además el aporte estatal a los colegios subvencionados, acrecentando el negocio generado en torno a ellos. De hecho, desde 1990 se crearon unos 1.600 colegios subvencionados, mientras han desaparecido cerca de 300 colegios públicos.

No obstante, estos institutos no han logrado elevar los estándares de calidad de la educación chilena y se mantienen en los mismos niveles que los públicos.