La "agenda pendiente" en Educación: Platas, administración y profesores
- Detalles
- Publicado el Domingo, 27 Abril 2008 23:01
Así lo señalan en el libro "La agenda pendiente en educación" -editado por Unicef y el Programa de Investigación en Educación de la Universidad de Chile-, donde advierten que pese a que estos factores son "las bases donde se cimienta el funcionamiento del sistema escolar" no han sido abordados en las propuestas legislativas ni en el acuerdo político sobre educación que se generó luego de las protestas estudiantiles.
El libro, de más de 200 páginas, será lanzado oficialmente el próximo martes, con la idea de poner en la agenda pública propuestas para aportar en el diseño de políticas educativas que garanticen calidad en la educación.
Tomar decisiones en los colegios
l DAGMAR RACZYNSKI, investigador de la Universidad Católica, y DANIEL SALINAS, investigador de Asesorías para el Desarrollo, enfatizan en que es "indispensable fortalecer una gestión descentralizada de la educación" y que "las decisiones en torno a temas pedagógicos deben ser tomadas en la escuela".
Detallan que "buena parte de las decisiones claves para el éxito educativo deben tomarse de manera autónoma en el nivel más cercano a la unidad educativa y a su sostenedor", pero dicha autonomía debe considerar también recursos y capacidades para tomar decisiones.
"Una de las responsabilidades fundamentales del nivel superior (nacional) es evaluar procesos y resultados, y asegurar que los sostenedores de la educación pública cuenten con la asesoría técnica para ampliar o fortalecer sus propias capacidades de gestión escolar y las de sus directivos y docentes", enfatizan.
Por ello, no es suficiente revisar el marco regulatorio, normativo y de recursos que rige al sistema, sino que "es urgente fortalecer las capacidades de gestión de la educación que tienen los municipios" y que resulta necesario incorporar de modo explícito las características del territorio donde se ubica el establecimiento en la gestión de la educación.
Asimismo, plantean revisar toda la normativa que rige al sector: "desde la LOCE, pasando por el Estatuto Docente, la subvención escolar, la asignación de inversiones en infraestructura, los incentivos por desempeño, la evaluación docente, las modalidades de perfecccionamiento y su financiamiento".
Problemas en la subvención preferencial
ALEJANDRA MIZALA, experta de la Universidad de Chile, advierte debilidades en la ley de subvención preferencial -destinado a entregar más dinero a los alumnos más vulnerables- recientemente aprobada en el Congreso. "Es complejo estimar la cuantía de este ítem. De hecho, no existen estudios de costos del sistema subvencionado en general", anticipa.
Y recomienda "reconocer esta ausencia de certeza, considerar los montos con los cuales se iniciará el sistema como provisorio y evaluar en el tiempo si dichos valores son correctos".
Agrega que "si bien estos montos pueden ir cambiando a través de los años, su estimación debe basarse en instrumentos técnicos de probada calidad. Es urgente que el Ministerio de Educación se encargue de realizar este tipo de estudios".
Además cuestiona si se justifica tener una rendición de cuentas por parte de los sostenedores sólo para estos dineros: "Debería ser para todas las escuelas que reciben financiamiento público y sobre todos los recursos que éstas reciben del Estado, y no sólo para las que atienden alumnos vulnerables".
l HARALD BEYER, coordinador académico del Centro de Estudios Públicos (CEP), plantea que el proyecto de subvención preferencial "adolece de un estudio técnico que respalde los valores ahí establecidos (...) Quizás más grave es que tampoco se establece una institucionalidad apropiada para ir ajustando los valores de ésta en el tiempo". El riesgo, advierte, es que los ajustes respondan "sin apego a estudios adecuados y más bien a intuiciones que pueden ser erradas".
También critica la negociación centralizada que ha impuesto el Estatuto Docente: "Esto rigidiza la administración de los ingresos que reciben los municipios por subvenciones educacionales. Si los principales costos, que son los salarios, no pueden ser administrados por los municipios, la posibilidad de desarrollar una buena gestión se ve amenazada y la presión por nuevos recursos se hace inevitable".
Por eso propone crear un marco general de negociación con los profesores, pero cuyos detalles sean definidos por los gobiernos locales: "Si no hay capacidad política para avanzar en esta dirección, las dificultades que presenta la administración de los establecimientos educacionales para los municipios crecerá y las ineficiencias que soporta el sistema educativo se incrementarán".
Docentes sin incentivo
EMILIANA VEGAS, economista de Educación del Banco Mundial, plantea que en Chile "existe un claro problema en el alcance de los incentivos" entregados a las escuelas por mejorar su enseñanza. De hecho, señala, menos del 50% de los establecimientos logran estos beneficios.
Por eso, dice, "en Chile es probable que muchos maestros comprendan que, dadas las características de las escuelas en que trabajan, tienen pocas o ninguna probabilidad de recibir el estímulo, incluso si trabajan extremadamente duro".
Y detalla que el 51% de las escuelas chilenas "siempre ha sido clasificada entre las escuelas con peor rendimiento de su grupo homogéneo y nunca han recibido el estímulo otorgado por el programa SNED (Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño de los Establecimientos)".
l SEBASTIAN DONOSO, académico de la Universidad de Talca, advierte la necesidad de mejorar significativamente las capacidades de los maestros en ejercicio y de crear una carrera profesional docente que vaya en tal sentido. En los últimos 20 años, dice, Chile ha aplicado diversas estrategias de perfeccionamiento para los profesores, pero la mayor parte no ha sido evaluada en términos de su efectividad.
Y advierte que uno de los puntos "más insatisfactoriamente resueltos es la formación continua: "No existe una propuesta país que la oriente y sólo hay políticas parciales" lo que impacta en los resultados educacionales. Por eso sostiene que se requiere "la generación de una política de Estado en materia de formación inicial y continua" para lo cual se necesita "generar una instancia de nivel nacional, formal y con una orgánica pública que oriente, supervise y evalúe esta materia".
