El proceso, que abordará los últimos cinco años, responde a graves denuncias sobre falta de inversión y deudas con docentes y funcionarios por 554 millones de pesos, irregularidad que denunció el ex rector Raúl Urrutia al renunciar a su cargo. A esto se suma la investigación iniciada hace 15 días en la sede Copiapó, por incumplimientos en programas académicos y campos clínicos que acusaron alumnos de Medicina, además de retrasos y faltas de notas. En algunos casos, también por sueldos impagos a docentes y planes de estudio incompletos, con menos clases.

“Este proceso consiste en una revisión integral de todos los procesos académicos, administrativos y financieros que nos den luces, en primer lugar, de la veracidad del modelo educativo de la institución, y de su proyección y sustentabilidad en el tiempo”, dijo Benito Barros, jefe del Departamento de Relaciones Institucionales de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación.

El equipo se reunió ayer por cerca de una hora con la junta directiva de la institución, encabezada por Mauricio Villaseñor. Barros explicó que para este proceso realizarán una revisión documental, entrevistas con docentes, administrativos y alumnos, “para conocer en realidad lo que está declarando la institución. Hoy nos constituimos 12 profesionales, la mitad de ellos de la División de Educación Superior y el resto son profesionales externos, pares evaluadores, especialistas”, sostuvo. Además, requerirán información tributaria y previsional de la institución a organismos competentes, informes Dicom, entre otros datos.

La auditoría determinará si la institución, con 18 mil alumnos y 4.400 en sistema online, mantiene o pierde la licencia institucional que valida sus títulos profesionales, y que el Ministerio de Educación otorga por una vez a las universidades para operar. Cuatro son las razones por las que una institución puede perder dicha licencia: no cumplir con sus objetivos estatutarios en cuanto a plazos de desarrollo y perfil de sus profesionales; realizar actividades contrarias a la moral, orden público, buenas costumbres y seguridad social; incurrir en infracciones graves a sus estatutos, que dicen relación con que su funcionamiento educativo y financiero vulnere la calidad académica, y dejar de otorgar títulos profesionales a alumnos que obtuvieron su grado de licenciado.

Si bien este proceso puede tardar dos a seis semanas, Barros dijo que “el tiempo es indeterminado porque desconocemos la envergadura de la institución” y “desconocemos el volumen de información que vamos a tener que trabajar, pero queremos hacer un trabajo a conciencia”, dijo.

Sobre el funcionamiento de la universidad, dijo que “queremos que siga funcionando en términos normales”, pero precisó que “si hay irregularidades, se darán todas las sanciones y medidas correctivas por las autoridades que corresponda”, sin descartar su cierre, al perder su reconocimiento.