Gobierno y alcaldes negocian que escuelas sigan bajo control municipal

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Publicado el Lunes, 18 Julio 2011 01:35

La municipalidad traspasa anualmente $ 300 millones al sistema educacional, lo que significa el 20% del presupuesto total de una comuna, donde el 60% de los 12 mil habitantes son mapuches, el 70% es rural y un 30% vive bajo la línea de la pobreza. "La gente no tiene ingresos, la gran mayoría vive de subsidios del Estado", dice el alcalde Miguel Hernández. Ni siquiera el municipio tiene recursos propios: gran parte de su presupuesto depende de lo que generan las otras comunas y reparten al fondo común municipal.

Así, para evitar el ausentismo y asegurar que los ingresos entren a las arcas, el municipio destina $ 120 millones para trasladar a los alumnos en época invernal. "Si no gastamos eso, los niños simplemente no vienen a las escuelas", dice Hernández. Ese déficit, explica, afecta la inversión comunal y todos los sistemas de ayuda social y de emergencias. "A veces no podemos arreglar los caminos, las maquinarias o los techos, y no podemos entregar frazadas a las familias que habitan en viviendas muy precarias. Hay casos dramáticos de personas que no tienen para comprar la urna de un familiar fallecido, y nosotros no podemos ayudarlos", señala Hernández.

Los temas que aquejan al alcalde de Galvarino son la falta de recursos, las dificultades para que se jubile una plantilla de avanzada edad y la disminución de matrículas, por citar sólo algunos de los problemas que se repiten en muchas comunas del país.

Un sondeo de La Tercera, entre 100 alcaldes del país, reveló que la mitad de las comunas tiene serios problemas de financiamiento. El 35% está disconforme con el monto y forma de entregar la subvención, y otro 15% tiene reparos generales a todo el sistema de recursos. Es la principal queja de los ediles. La mayoría cree que no sólo debiese aumentarse el monto de la subvención -algunos piden que, incluso, se duplique-, sino la forma como se calcula: piden que sea por matrícula y no por asistencia. "Se paga por asistencia y no por matrícula. Cuando hay lluvia, vienen los inspectores y nos bajan las subvenciones", dice Oscar Pereira, alcalde de Coquimbo.

Pese a ello, llama la atención que la mayoría de los alcaldes estén dispuestos a seguir administrando las escuelas. El sondeo así lo comprobó: el 69% quiere seguir con la educación pública a su cargo y sólo un tercio coloca como requisito principal que se le aumente la subvención. ¿Las razones? Aseguran que la educación es un tema local, que han demostrado capacidad y los problemas son sólo de recursos. Como el alcalde de Temuco, Miguel Becker, quien afima que "superando las deficiencias de recursos y atribuciones, podemos competir. Quedó demostrado en nuestra comuna: hemos invertido $ 3 mil millones desde 2009".

Otros, como el alcalde Eduardo Soto, de Rancagua, piden, incluso, modificar el sistema de elección de autoridades a cargo de las escuelas. "La gente encargada de administrar los colegios no puede ser al arbitrio del alcalde de turno, sino que debe tener calificación técnica y metas", agrega.

Pero el 30% no está de acuerdo. "No me parece que los colegios sean de administración municipal, porque hay mucha desigualdad entre las comunas", dice Mauricio Navarro, de Los Andes.

La opinión de los alcaldes no es menor. En enero quedó sellado en el acuerdo con la oposición el envío de un proyecto de ley, antes del 30 de septiembre, que modificaba la institucionalidad de la educación pública. La idea original era recoger lo planteado por la comisión presidida por el director académico del CEP, Harald Beyer, que estudió el tema. Esto es que todas las escuelas pasaran a un nuevo esquema, donde serían administradas por agencias o corporaciones, las que -incluso- podrían ser asociaciones de municipios.

Hoy, el gobierno negocia directamente con los alcaldes un nuevo diseño. Esta vez, la idea es que el traspaso sea en forma voluntaria, de manera que los alcaldes que así lo deseen mantengan la administración de las escuelas.

¿La razón? Problemas financieros. "Hoy, los municipios traspasamos $ 160 mil millones anuales a la educación. Por esa razón, también, al gobierno se le hace difícil sacar la educación de las comunas. El Ministerio de Hacienda necesitaría reponer ese monto", dice un jefe comunal que ha participado de las negociaciones.

Estándares

Luego de la instauración de mesas de trabajo con los rectores de planteles tradicionales y el acercamiento de ideas entre estos últimos y la Confech (ver página 11), el conflicto con los secundarios es el gran tema que le queda abierto al gobierno. Una de las principales demandas de los secundarios, movilizados desde el 6 de junio, es que se acabe con la municipalización y que los establecimientos vuelvan a manos del Estado. La respuesta del gobierno no ha sido directa como con los universitarios. Ha recurrido al anuncio del proyecto de ley, que no se ha movido de su plazo inicial. Fuentes allegadas al sector señalan que el ejecutivo está esperando que el movimiento se desgaste.

La idea, eso sí, es que la administración se mantenga en las municipalidades bajo ciertas condiciones, como cumplir ciertos estándares académicos, medidos en resultados en Simce y profesores bien evaluados. También de gestión, como no tener deudas de arrastre. Para ello, firmarían un compromiso.

Menos del 10% de los alcaldes declara deudas de arrastre, con un promedio de $ 1.700 millones. Y la opinión de mantener la educación en las administraciones comunales es compartida entre municipios grandes y pequeños, urbanos y rurales, endeudados o de administración eficiente.

"Seguiría administrando la educación, pero financiada. Creemos firmemente que las escuelas son parte importante de la red municipal. El problema es el financiamiento", dice Nora Cuevas, alcaldesa de San Bernardo.

En esa comuna, la deuda que se arrastra desde períodos anteriores asciende a $ 2 mil millones y es una de las más altas del sistema. Cada año, el municipio destina otros $ 1.600 millones a complementar el presupuesto en educación con los aportes del Mineduc, ya que los $ 14 mil millones del gobierno central no dan abasto.

Cuentas de telefonía y cotizaciones previsionales impagas son algunos de los ítems que abultan la deuda, que creció explosivamente en los últimos tres años, debido a que los colegios municipales experimentaron una abrupta caída en la matrícula. Esto, producto de la proliferación de colegios particulares subvencionados. La matrícula disminuyó de 32 mil a 25 mil alumnos. "Nos pagan subvenciones por alumno que asiste a clases. Tenemos gastos fijos, pero recursos variables. Con esta baja de alumnos se nos ha hecho más difícil resolver los problemas financieros", añade la alcaldesa.

La crisis económica se palpa día a día en los colegios. A los alumnos del Liceo Municipal Industrial Hardware, de San Bernardo, le falta el principal insumo de estudio: los circuitos electrónicos.

Por eso, el municipio de San Bernardo ha establecido alianzas con el sector privado, los que les han permitido en los últimos meses reparar problemas producto del terremoto y construir canchas de juegos en los establecimientos.

¿Volver al Estado?

De implementarse el modelo tal como se está estudiando entre alcaldes y gobierno, con ciertos estándares de calidad, no serían muchas las comunas que se quedarían con las escuelas. ¿Qué pasa con el resto? Según la nueva institucionalidad que se negocia, podría haber asociaciones de municipios, corporaciones privadas o municipales e, incluso, fundaciones y universidades las que administren las escuelas. "No puede haber 345 directores de educación, se deberían hacer corporaciones, que abaratarían costos", dice Rafael García, de Toltén.

El regreso de las escuelas al Estado es algo que el gobierno ya descartó de plano. Y que tampoco genera mucho consenso entre los ediles. Sólo el 20% de los encuestados está de acuerdo con esa posibilidad. La principal causa del rechazo: "Antes todo era muy burocrático y lento. Esperábamos meses por un enchufe", sostiene el alcalde de Pozo Almonte, Augusto Smith.

Coincide Raúl Torrealba, de Vitacura: "La municipalización no es mala, sino que el funcionamiento del sistema. Volver al nivel central sería un desastre. Mis liceos en Vitacura son mejores que muchos colegios particulares".

La figura que más entusiasma a los alcaldes es la de corporaciones públicas o directamente municipales. Es lo que está planeando Chillán. "Nosotros estamos viendo figuras híbridas. Si tenemos que transformarnos en corporación, lo haríamos como corporación de la Municipalidad de Chillán", dice Cecilia Aguilera, directora de Educación de la comuna. El municipio ya trabaja en analizar la demanda educacional que tendrán desde la educación preescolar hasta la terciaria y en los requerimientos de infraestructura y tecnológicos, para definir su postura.