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El informe del Consejo Asesor de Bachelet que pudo evitar el estallido de los estudiantes universitarios

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Categoría: Documentos de interés

Publicado el Domingo, 10 Julio 2011 13:40

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Por: Pamela Ohlbaum y  Juan José Lyon

Un grupo transversal de expertos y alumnos le entregó al gobierno anterior un informe con ideas para resolver la controversia del lucro, para igualar el acceso a la educación superior y para apoyar a las universidades estatales de regiones, entre otras propuestas. Ninguna de estas medidas se adoptó. Tres años después, esos mismos temas gatillaron las actuales movilizaciones.  

En abril de 2007, tras la revolución pingüina y el trabajo de una comisión asesora presidencial sobre la calidad de la educación secundaria, la presidenta Michelle Bachelet convocó a un Consejo Asesor que permitiera escuchar las demandas sobre la educación superior y elaborara propuestas para resolver situaciones como la controversia por el lucro en las universidades, la necesidad de aumentar el financiamiento estatal y disminuir los intereses del crédito con aval del Estado. Los mismos temas que demandan hoy los estudiantes de educación superior, y que dividen a la clase política, al Consejo de Rectores y al país.

En ese entonces fueron 24 las personas que debatieron durante 11 meses y que, aunque no lograron unanimidad en todos los temas, en marzo de 2008 propusieron soluciones que debían concretarse en una política pública, que, tres años más tarde, sigue pendiente.

Sus integrantes representaban a todos los sectores: rectores como los de la U. de Chile, Víctor Pérez, y de la U. Católica de Temuco, Mónica Jiménez -que al año siguiente sería nombrada ministra de Educación-; alumnos como los presidentes de la FECh y de la UNAB; expertos en educación, como Agustín Squella, entre otros.

Los estudiantes serían los únicos que no llegarían al final de las sesiones: la FECh, entre otras, se retiró del Consejo ocho meses después de iniciado el debate, en protesta por la aprobación de la Ley General de Educación y porque la mayoría de los consejeros eran partidarios de permitir el lucro en la educación superior.

Como sea, el llamado Consejo Asesor Presidencial elaboró un documento de 455 páginas que contenía medidas concretas para resolver los problemas que a su juicio eran prioritarios y urgentes y que hoy aparecen como los gatillantes del conflicto estudiantil: trato preferente a las universidades del Estado; necesidad de igualar el sistema de crédito fiscal a las condiciones del crédito solidario; resolver la controversia por el lucro; modificar el sistema de selección agregando un ranking; modificar radicalmente el AFI; crear una Subsecretaría o una Superintendencia; crear una instancia paralela al CRUCh que reuniera a todas las universidades; favorecer el derecho de asociación de los estudiantes en todas las instituciones y aumentar los fondos concursables para investigación.

El debate sobre el fin del lucro que dividió al Consejo

El posible reconocimiento legal de universidades con fines de lucro dividió al Consejo tanto como divide hoy a los estudiantes, que lo rechazan, frente al Gobierno, que aceptó debatir sobre el tema esta semana. En un análisis histórico, la comisión reconoció que, en la práctica, hay instituciones que violan el principio de no lucrar al obtener utilidades por diversos subterfugios. Una mayoría de los consejeros votó a favor del reconocimiento del lucro, aunque, como en muchos de los temas revisados en la instancia, no hubo unanimidad.

Quienes defendieron el reconocimiento plantearon que, según la experiencia de otros países que lo han implementado, como Brasil y Estados Unidos, el sistema, bien regulado, puede ser beneficioso, con mayores niveles de transparencia, un mejor sistema de licenciamiento (autonomía) y acreditación. Además, señalaron que "permite allegar recursos a la tarea educativa que de otra manera debieran ser aportados por el Estado con un alto costo de oportunidad". Quienes apoyaron esta moción fueron Andrés Bernasconi; Sergio Bravo; Mónica Jiménez; Matko Koljatic; Manuel Krauskopf; Alfonso Muga; Enrique O Reilly; Carlos Peña; Juan Pablo Prieto; José Rodríguez; Pedro Rosso; Sol Serrano; Agustín Squella; Sergio Torres; Marcelo von Chrismar; Juan Zolezzi (ver recuadro).

Por su parte, el sector minoritario que estuvo en contra de la iniciativa argumentó que las universidades con fines de lucro "favorecen la concentración de influencia y de capital de diversa índole por parte de algunos grupos que así adquieren una influencia desmedida en la cultura y en la vida nacional". Según su postura, debía mantenerse la normativa actual, que sólo permite universidades sin fines de lucro, y adoptar las cautelas necesarias para evitar que se transgreda. Entre quienes apoyaron esta idea se encontraban Myriam Barahona, Javier Candia, Jorge Carvajal, Julio Castro, Pablo Cuevas, Marcela Espinoza, Víctor Manuel González, Carlos Mujica, Claudio Muñoz, Omar Núñez, Juan Cristóbal Palma y Víctor Pérez. La única abstención fue la del padre Fernando Montes.

La distinción y reconocimiento de la existencia de universidades con fines de lucro tendría, según los consejeros, consecuencias en el financiamiento: todas las instituciones, de acuerdo a su desempeño histórico, debieran tener las mismas opciones de obtener convenios por desempeño o fondos concursables, excepto aquellas con fines de lucro.

De este modo, no podrían acceder al Aporte Fiscal Indirecto (AFI), como ocurre hasta hoy, pero sí a fondos sobre la base de resultados específicos de desempeño o calidad, por ejemplo. Para ello, señalaban, es clave que el Estado adopte medidas legales para fiscalizar el lucro. "Esa capacidad de detección es la única manera de mantener un trato no discriminatorio hacia las instituciones privadas que impiden la apropiación de excedentes por parte de sus controladores", indicaron.

Otras prioridades: facilidad de créditos y mejora a las universidades regionales

Aunque uno de los temas apoyados transversalmente como prioritarios fue la necesidad de igualar las ayudas estudiantiles para todos los estudiantes, sin importar el tipo de institución de educación superior a la que ingresen, no hubo acuerdo en cómo llevarlo a la práctica.

Por eso, generaron dos propuestas: por un lado, que se perfeccionen los sistemas actuales, de modo que el sistema de Crédito con Aval del Estado iguale las tasas de interés del Crédito Solidario -un 2%-, a través de un subsidio estatal. Por otro, que se modifique de raíz el sistema y se garantice el acceso gratuito a los alumnos provenientes de la educación subvencionada, y pertenecientes a los tres primeros quintiles, en un año para los centros de formación técnica y dos en el caso de las universidades e Institutos Profesionales.

Otros temas destacados por los consejeros fueron la necesidad de reconocer cómo cambió el panorama para las universidades estatales, especialmente las de regiones, tras la modificación legal de 1981, que disminuyó las barreras de entrada al mundo de la educación privada. Según acordaron, éstas mantienen las estructuras burocráticas de los años anteriores y el financiamiento estatal, que no les permiten competir en igualdad de condiciones con los aranceles y las exigencias de eficiencia actuales. El Consejo recomendó que se entregara un financiamiento especial para ellas.

El relevo de las propuestas al gobierno de Piñera

El informe debía convertirse en una política pública, que fue revisada en el Ministerio de Educación del gobierno de Michelle Bachelet, pero que nunca se concretó en proyectos de ley.

Un año después de que se entregara el documento, la OCDE y el Banco Mundial entregaron otro informe que había sido solicitado por el Gobierno, y que fue crítico al advertir que la proporción de gasto de las familias en Chile en educación superior es más alto que en los países de la OCDE y que era necesario duplicar la inversión estatal.

Sin embargo, el fin de la administración de la ex Presidenta terminó por entregar la documentación como relevo a los nuevos integrantes del Mineduc.

"La administración anterior entregó un borrador de política de educación superior, en la cual se tomaban parte de los lineamientos del Consejo. Entre ellos se contemplaba una legislación que permitiera las universidades con y sin fines de lucro", señala Juan José Ugarte, jefe de la División de Educación Superior del Mineduc.

Entre los 24 consejeros participaron la ex ministra de Educación Mónica Jiménez y dos rectores clave en la discusión actual: el de la U. de Chile, Víctor Pérez, y el de la USACh, Juan Zolezzi. Las propuestas clave

Trato preferente a las universidades estatales

En especial a las universidades de regiones, que quedaron en precarias condiciones tras la apertura de la educación superior a la inversión privada en 1981. Se profundizaron las exigencias de eficiencia y aumentó de la competencia, pero no se modernizaron.

Igualar el acceso a ayudas estudiantiles

Terminar con el financiamiento estatal diferenciado según tipo de institución. Se generaron dos propuestas: igualar la tasa de interés del Crédito con Aval del Estado a la del Crédito del Fondo Solidario, o subsidiar los primeros años de estudio para los tres quintiles más bajos.

Resolver el debate del lucro

Definir si se aceptará el fin de lucro en la educación o no. En caso de aceptarse, se debe aumentar la transparencia y mejorar tanto el licenciamiento (autonomía) como la acreditación. En caso contrario, aumentar la fiscalización para garantizar que funcionen sin fines de lucro.

Modificar el Aporte Fiscal Indirecto (AFI)

Procurar que se incentive a

las instituciones a reclutar y a resguardar la permanencia en sus planteles de los alumnos de los quintiles más bajos, que son talentosos pero que tienen debilidades en sus competencias iniciales, o complementarlo con otras variables.

Crear un organismo que garantice equidad y fiscalice el sistema

Una de las recomendaciones más urgentes fue la creación de un organismo que supervise y fiscalice a las instituciones, ya sea como subsecretaría, superintendencia o la División de Educación Superior del Mineduc (Divesup).

Quiénes integraron el Consejo

24 representantes de todos los sectores, liderados por Carlos Peña (rector UDP). Participaron de ella:

Julio Castro, jefe de la Divesup del Mineduc. Actual rector de la U. de Viña del Mar.

Víctor Pérez, rector U. de Chile.

Sergio Bravo, ex rector UFRO.

Mónica Jiménez, rectora de la U. Católica de Temuco, quien luego fue ministra de Educación.

Alfonso Muga, ex rector U. Católica de Valparaíso.

Sergio Torres, ex rector de la U. Católica Silva Henríquez.

Manuel Krauskopf, ex rector U. Andrés Bello (UNAB).

Fernando Montes, rector U. Alberto Hurtado.

Andrés Bernasconi, vicerrector de Investigación UNAB.

Sol Serrano, académica UC.

Agustín Squella, académico U. de Valparaíso.

Juan Pablo Prieto, académico U. de Talca.

Matko Koljatic, académico PUC.

Carlos Mujica, ex vicerrector académico U. Católica del Norte.

Marcelo von Chrismar, ex rector DUOC.

Myriam Barahona, representante de funcionarios de universidades estatales.

Pablo Cuevas, ex presidente Federación de Estudiantes U. del Bío Bío.

Marcela Espinoza, ex presidenta Federación de Estudiantes UNAB.

Giorgio Boccardo, ex presidente FECh.

Claudio Muñoz, ex presidente FEUTEM.

Juan Cristóbal Palma, ex presidente FEUAH.

Omar Núñez, ex presidente Federación Estudiantes U. de Concepción.