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Dicen que hay discriminaciones positivas y negativas. Y en consecuencia, hay esfuerzos por promover unas y eliminar otras. Si hasta leyes se promueven, discuten y aprueban o rechazan en nombre de alguna de ellas.

 

De hecho, hace poco en Uganda, por ejemplo, se discutía una ley que fijaba la pena de muerte para los homosexuales. La norma no sólo aplicaba para quienes practicaran la homosexualidad en el país, sino que, además, incluía provisiones para perseguir y extraditar ugandeses que se involucrasen en este tipo de relaciones fuera de su país, llegando incluso a definir penas para organizaciones, medios de comunicación o personas que apoyaran los derechos de estas personas. Por suerte la presión internacional terminó echando abajo este proyecto horroroso.

 

Pero no todo es tan descabellado como la idea anterior, aunque nunca deje de haber polémica. Hoy en el mundo se discute –por ejemplo– sobre cómo apoyar a las etnias más desfavorecidas, sobre cómo empujar selectivamente el desarrollo de regiones o industrias específicas o sobre cuotas para que las mujeres participen en la política. Y precisamente a propósito de la paridad de género y de la búsqueda de igualdad de oportunidades para niños y niñas, me llamó la atención una ley que promueve el gobierno español y que se traducirá en que los colegios que sólo admiten a niños o a niñas no podrán estar subvencionados con dinero público.

 

Confieso que me gustó la idea y que, como siempre sucede, no pude evitar volver la vista a Chile para, a partir de esta propuesta hispana, echarle un vistazo a nuestra realidad.

 

Me gustó la idea de que se evite la segregación y se promueva la igualdad de oportunidades y la convivencia entre niños y niñas (con todo lo que ello supone de aprendizaje para el resto de la vida y en beneficio de la sociedad); pero me gustó también esa idea de querer, a toda costa, sacar al Estado de ese monótono y siempre falso tranco de neutralidad que termina favoreciendo a los que gritan más fuerte o a los más poderosos o a los más influyentes, pero no necesariamente al bien común o a quienes más lo requieren.

 

Mirando lo que tenemos por acá, no se puede negar un avance en la nueva Ley General de Educación (de 2009) que establece, por ejemplo:

 

-que “es deber del Estado velar por la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa, promoviendo especialmente que se reduzcan las desigualdades derivadas de circunstancias económicas, sociales, étnicas, de género o territoriales, entre otras”;

 

-que “el embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos”;

 

- que en los colegios que “reciben aporte estatal, el cambio del estado civil de los padres y apoderados, no será motivo de impedimento para la continuidad del alumno o alumna dentro del establecimiento”;

 

-que “en los procesos de admisión de los establecimientos subvencionados o que reciban aportes regulares del Estado, que posean oferta educativa entre el primer nivel de transición y sexto año de la educación general básica, en ningún caso se podrá considerar en cada uno de estos cursos el rendimiento escolar pasado o potencial del postulante”;

 

- que “no será requisito la presentación de antecedentes socioeconómicos de la familia del postulante.

 

Pero cuando se avanza en la lectura unos artículos más, uno se percata, no con poca indignación, que no cumplir con estas exigencias sólo acarrea multas de “hasta 50 unidades tributarias mensuales, las que podrán duplicarse en caso de reincidencia”; es decir, castigos que van de los dos a los cuatro millones de pesos, en el peor de los casos.

 

¿No sería interesante que en un país tan preocupado por la calidad de su educación nos preguntáramos si realmente estamos dispuestos a que, con dinero del Estado, se sigan financiando injusticias? Si yo fuera diputado daría feliz mi voto para una ley como la española, que impida el financiamiento público de colegios que segregan a los niños por género, pero exigiría también con toda mi fuerza que el no cumplimiento de aquellas exigencias, que están muy claras hoy en la ley, tuviera sanciones reales y significara, lisa y llanamente, el cese del aporte público. Y por último, ¿cómo es eso de que todos estos resguardos sólo son válidos hasta sexto básico? ¿Acaso en Chile no son obligatorios los 12 años de enseñanza?