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Simce en riesgo por anuncio de paro indefinido de los profesores

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M. GRACIA DALGALARRANDO Y GUSTAVO ORELLANA

En peligro de suspensión quedó el Simce de los octavos básicos con fecha para el próximo martes y miércoles, debido a la decisión del Colegio de Profesores de comenzar un paro indefinido a partir de este viernes.

Ayer, 160 representantes que conforman la asamblea nacional del Colegio de Profesores votaron a favor de iniciar la huelga si se mantiene la decisión del Gobierno de no cancelar la deuda histórica del gremio.

Los profesores le pidieron al Gobierno que envíe un proyecto de ley al Congreso, de discusión inmediata, en el que disponga del pago de la deuda. Los montos contemplados son los que figuran en la propuesta de la Cámara y que apuntan a un pago mínimo de US$ 1.335 millones. Además, los docentes pidieron la constitución de una mesa de diálogo entre el Gobierno, el Congreso y el Colegio de Profesores para avanzar en el pago.

Según el presidente del gremio, Jaime Gajardo, el paro parte el viernes "porque tácticamente nos conviene, tenemos dos días para prepararnos y ver si se avanza en la mesa de diálogo. El paro se depone única y exclusivamente cuando se mande un proyecto de ley donde vaya esta reparación (deuda histórica). Esto tiene que ser rápido". Gajardo espera que puedan llegar a un acuerdo con el Ejecutivo durante el fin de semana para poder reponer las clases el lunes.

La votación de la asamblea tuvo voces disidentes respecto del día en el que comenzarán las movilizaciones. De los 160 profesores, más de cuarenta preferían que empezara el lunes. ¿La razón? Este viernes es el último plazo que tienen los docentes para entregar el portafolio de la evaluación docente. Se estima que más de 17 mil maestros entregarán su portafolio ese día.

Pero, de prolongarse el paro, éste tendría repercusiones en el Simce, programado para el 27 y 28 de octubre. "En este minuto, el Simce está corriendo grave peligro porque si esto (deuda histórica) no se soluciona, el Simce se va a las pailas", dijo Gajardo.

Desde La Moneda, antes de conocerse la determinación, el ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma ofreció su disponibilidad al diálogo, afirmando que un paro tendría nefastas consecuencias.

Las continuas huelgas han provocado un éxodo de alumnos desde los colegios municipales a los particulares subvencionados. Entre 2002 y 2008 los liceos perdieron 326 mil alumnos, con una baja de la matrícula municipal del 9 por ciento.

La dura postura de Hacienda ante las presiones docentes

Algunos parlamentarios de la comisión especial de deudas históricas han apuntado directamente al Gobierno de no tener la intención de pagar la deuda histórica con los profesores, argumentando que tanto Justicia como la Contraloría han fallado siempre en contra de la demanda de los profesores y que eso crea jurisprudencia.

En concreto, apuntan a Hacienda como la cartera que tiene una más drástica postura refractaria frente al tema y que no ha tenido reparos en dar a conocer, de manera enérgica, sus cuestionamientos.

De hecho, ayer circuló de manera pública una minuta -que existía desde la semana pasada- en la que Hacienda hace una comparación de la demanda de los profesores con el gasto en Educación y en Pensiones del Presupuesto 2010, señalando que el costo propuesto por el Congreso para financiar la deuda equivale entre el 17 y el 33% de todo el dinero destinado a esa cartera, que supera los US$ 8 mil millones. También explica que el rango intermedio de la propuesta de la Cámara, US$ 2.077 millones, supera todo el gasto adicional de la reforma previsional realizada durante la administración Bachelet.

A través de ese ejercicio comparativo, el ministerio de las finanzas públicas da a entender la magnitud del monto de la llamada deuda histórica. Y, por tanto, de lo inconveniente que resulta acceder a las demandas.

"De los antecedentes expuestos se concluye que no existe deuda jurídica ni deuda moral con los profesores", dice la minuta. Pero esta postura no convence a algunos congresistas. Por ejemplo, el diputado José Miguel Ortiz (DC) ha planteado que él y otros parlamentarios han intentado convencer al Gobierno de que cambie su postura, porque existe un compromiso al respecto y también un problema que se viene arrastrando hace años que se debe asumir.