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Educación y cambio constitucional

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Por Jorge Pavez y Darío Vásquez*


La oportunidad creada por las movilizaciones estudiantiles del año 2006, parece estar pasando sin que el gobierno la haya aprovechado convenientemente. Las autoridades han demostrado ser impermeables al clamor que brota desde las personas y las organizaciones sociales. Demostrando una inquietante indiferencia, la Ministra de Educación se empecina en sacar una Ley que es resistida por los actores del mundo de la educación, académico y cultural.

El Colegio de Profesores ha levantado una propuesta novedosa que debe ser tomada en primer lugar, por las organizaciones en relación a los alcances insospechados que puede tener para levantar un proceso de movilización, y en segundo lugar, considerada por el gobierno para recordarles que aún estamos aquí.

Una y otra vez, los intentos por reformas educacionales que pongan en el centro la defensa y desarrollo de la educación pública, han tropezado en la normativa constitucional que viene perpetuando el rol subsidiario del Estado en materia educacional y en casi todo lo demás. La actual LOCE no es si no el desarrollo normativo de este principio instalado como el derecho a la educación y la libertad de enseñanza.

Nuestro sistema educativo requiere cambios de fondo que superen la actual LOCE y su pretendida sucesora, la Ley General de Educación. Este propósito busca materializar una profunda reforma a nuestro actual marco jurídico, así redefinir el rol del Estado en esta materia, consagrando el derecho a la educación y libertad de enseñanza desde una perspectiva distinta a la actual.

No existe posibilidad de cambios reales, en el sentido de lo que exige el mundo social, sin modificar la Constitución. Después de casi 30 años de vigencia, nada justifica la permanencia de las normas constitucionales autoritarias, originadas en dictadura, ya que es imperante para la profundización de la democracia y el desarrollo del país que las leyes se adecuen al ritmo de los tiempos que marcan los procesos sociales y no al revés.

La ciudadanía en su conjunto debe levantar la exigencia de reformas profundas a la Carta Fundamental en base a sus propios problemas y demandas. Asimismo, debe generar un amplio movimiento democrático de las organizaciones de trabajadores, profesores, estudiantes y del mundo civil organizado, para exigir los cambios estructurales a nuestro ordenamiento jurídico.

El hecho concreto es que esta Constitución, por sus anclajes autoritarios, ya no es soportada por la mayoría de la población. Chile necesita dar un salto que avance en el sentido de más democracia, entendida no sólo en el estrecho concepto de participar periódicamente en elecciones, sino como el derecho de integrar todo aquello que afecta a la vida de los habitantes y en la riqueza que el país crea.

Resulta lamentable constatar que un gobierno definido como progresista, ciudadano, cercano a la gente, finalmente está desaprovechando la oportunidad histórica de generar la refundación democrática, que las organizaciones de trabajadores y de estudiantes vienen exigiendo.

*Jorge Pavez, encargado del Departamento de Relaciones Internacionales del Colegio de Profesores.
*Darío Vásquez, tesorero del Colegio de Profesores.