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Publicado el Lunes, 10 Octubre 2011 15:24

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Por: Pamela Sepúlveda

Luego de cinco meses de protestas por una educación gratuita y de calidad en Chile, se rompen las negociaciones y el gobierno del derechista Sebastián Piñera endurece la represión policial en diversos puntos del país. Alumnos y profesores coparon las calles para exigir un cambio radical del considerado sistema educativo desigual, que reproduce la inequidad y la segmentación social, en un clima en general pacífico. Pero esta semana la respuesta policial que recibieron dejó como saldo decenas de manifestantes heridos y detenidos, en una embestida brutal que no distinguió ni a los periodistas.

La dirigente universitaria Camila Vallejo dijo que la violencia desatada el jueves (6 de octubre) se produjo a raíz de la postura del gobierno de no permitir la marcha por la Alameda, la principal avenida de Santiago, y por no responder a la demanda de reformas estructurales en la educación.

Mostrando una aparente voluntad de diálogo, el ministro de Educación, Felipe Bulnes, convocó el miércoles a una mesa de trabajo a los dirigentes de la protesta. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron, ante la negativa de las autoridades de avanzar hacia la educación gratuita, una de las principales demandas de los estudiantes.

El gobierno “no cree que una reforma estructural del sistema pase por darle educación gratuita a todos, incluidos los más ricos”, indicó Bulnes.

Pero los estudiantes sostienen que se intenta confundir a la ciudadanía deslegitimando sus propuestas. “Nosotros no estamos planteando, bajo ningún punto de vista, que los ricos tengan educación gratuita”, explicó a IPS el dirigente de los alumnos de la escuela secundaria Alfredo Vielma.

Mientras el movimiento de protesta propone “una reforma que permita subir los impuestos a las grandes empresas”, para con esos fondos “brindar enseñanza gratuita a todos en Chile”, el gobierno insiste en que el diálogo debe apuntar a revisar los aranceles que se cobran actualmente, disminuir las tasas de interés de los créditos estudiantiles y extender las becas.

Vielma indicó que el planteo oficial “simplemente permite inyectar recursos, pero no se propone ninguna reformulación de fondo como la que nosotros reclamamos.

Ante este congelamiento de las negociaciones, el sociólogo Francisco Durán, del Departamento de Políticas Públicas del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda), dijo que las posturas de uno y otro lado son al parecer irreconciliables, pues exponen paradigmas distintos sobre educación y difieren radicalmente en cómo realizar políticas públicas en la materia.

La enseñanza es para el movimiento estudiantil “un bien público en el cual los resultados sociales son más importantes que los individuales”, planteando “ideas sobre la base de una racionalidad valórica, con imperativos morales y éticos”, observó Durán.

En tanto que el gobierno “responde sobre una operación del pensar instrumental”, defendiendo su idea de que el sistema es “un bien de consumo que tiene que ser, por tal motivo, pagado de forma personal”, analizó.

Si Chile pretende ser un país desarrollado y con mayor equidad social, debe invertir en tener una educación gratuita, afirmó el experto del Cenda.

“Esa es la verdadera inversión a largo plazo que las economías emergentes debieran concretar”, sostuvo.

Añadió que la propuesta de los estudiantes apunta al fondo del problema, que es la necesidad de terminar “con la brutal segmentación social con que hoy coexiste la educación chilena, donde hay instituciones para cada clase social”.

“La diferencia entre un estudiante pobre y otro rico (donde ambos estudien gratis) es que la familia del segundo abona más impuestos. En buenas cuentas, es otro mecanismo de pago que tiene como consecuencia positiva que no hay restricción de entrada a la educación”, sostuvo Durán.

Uno de los mayores problemas que afrontan las familias en Chile con el sistema educativo vigente es el alto endeudamiento en caso de enviar a sus hijos a la enseñanza terciaria. Se estima que, en promedio, los jóvenes al finalizar sus estudios técnico-profesionales deben destinar 30 por ciento de sus ingresos laborales para pagar los créditos que les permitieron graduarse.