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Las platas en educación

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Por: Claudia Peirano

La discusión sobre la educación que queremos tiene un componente muy importante de financiamiento, ya que finalmente tendremos la educación que el país esté dispuesto a pagar. 

La discusión dura, sin duda, tiene que ver con el porcentaje del PIB que se destinará a este sector y sus fuentes de financiamiento, en un escenario en que pocos discuten la necesidad de una reforma tributaria que asigne mayor carga a las grandes empresas, que se constituya como una fuente permanente de ingresos para el sector. Sin embargo, es importante también revisar la perspectiva micro y compartir de qué estamos hablando cuando hablamos de los recursos del sistema escolar.

Durante la década de los 80 existían sólo dos tipos de financiamiento a la educación. El financiamiento privado para el 8% de los estudiantes de colegios particulares pagados y una subvención pareja para el 92% de los restantes. En valor de hoy, esta subvención para 2° básico es de $34.300 por alumno, y para 4° básico, en modalidad de jornada escolar completa, es de $47.700.

En 1993 se aprobó el financiamiento compartido, que consistió en permitir que las familias pudieran pagar recursos complementarios a la subvención. Los colegios particulares subvencionados podían acceder al mecanismo de manera unilateral y los municipales de educación media, podían hacerlo con el consentimiento de los padres. La evidencia muestra que la mayor parte de los primeros adscribió al sistema, mientras que los liceos municipales sólo se sumaron de manera excepcional. En recursos de hoy, el pago de las familias puede ir hasta $72.700, en un esquema en que, a mayor pago, el estado realiza un descuento a la subvención. El promedio de las familias que paga actualmente, financia una cuota del orden de $ 16.000 que se suma a la subvención. El efecto directo de esta medida es que el sistema escolar cuenta con más recursos, ya que para un conjunto importante de alumnos se suman los recursos públicos y los privados. 

 

Un eventual efecto indeseado de esta medida sería la concentración de estudiantes en colegios según la capacidad de pago de las familias. Una segunda consecuencia -menos analizada en la discusión actual- es que por más de 15 años los colegios particulares contaron con un financiamiento mayor que los municipales pero, como contrapartida, este financiamiento permitió la inversión de una importante cantidad de nuevos colegios. No hay antecedentes de que los gobiernos de la época tuvieran como objetivo ampliar la cobertura a través de colegios particulares subvencionados, pero en la práctica así fue.

 

Probablemente para todas las partes era conveniente esta inusual situación, de financiar la inversión de nuevos colegios con los ingresos que estaban aportando las familias para mejorar a educación de sus hijos. Los recursos públicos fueron fundamentalmente orientados a ampliar establecimientos existentes (públicos y privados) para poder cumplir con los requerimientos de la jornada escolar completa. ¿Podría haberse ampliado la cobertura sólo a través de la inversión de recursos públicos? No tengo antecedentes.

El 2009 entra en aplicación la subvención escolar preferencial (SEP), probablemente la política más importante en educación en los últimos años. El estado reconoce que es más caro educar a los estudiantes más vulnerables y define una subvención adicional para el 40% de los estudiantes de menores ingresos. Este grupo recibe un financiamiento complementario de $29.400 y puede estudiar gratis en la mayor parte de los colegios subvencionados. 

Con la SEP se completa un mayor nivel de financiamiento para los estudiantes que asisten a colegios municipales y particular subvencionados y, en la mayoría de los casos, esta subvención es superior al aporte que hacen las familias vía financiamiento compartido. ¿Por qué se demoró más de 15 años en aprobarse la SEP, siendo que se trata de un tema de amplio consenso técnico? La respuesta ayudaría a comprender mejor cual ha sido la lógica de los gobiernos y legisladores en el diseño del sistema.

Para completar los datos, cabe recordar que las subvenciones se pagan por estudiante que asiste a clases. De acuerdo a los reportes oficiales, la asistencia promedio es de 90% por lo que los ingresos de los colegios se ajustan por este factor. En el ámbito del financiamiento compartido, el pago de las familias exime a los estudiantes que reciben SEP y al 15% de estudiantes becados, por lo que el promedio per cápita disminuye significativamente. 

Todo considerado, la tabla siguiente muestra una estimación de los recursos que financian la educación de los estudiantes de Chile, en un ejemplo para 3° y 4° básico, que son los niveles que reciben mayores recursos según decil de ingresos familiares.

Estimación de financiamiento mensual por alumno según decil de ingresos (3°/4° básico)

La mayor parte de los estudiantes de 3° y 4° básico  recibe un aporte per cápita de entre 60 y 70 mil pesos mensuales. No tenemos ningún antecedente acerca del estándar de calidad que el estado puede exigir en promedio a cambio de estos montos.  Lo que sabemos es que se trata de un valor varias veces menor al que pagan las familias por educación privada y a los aranceles de educación superior. También sabemos que no incluye el valor de profesores particulares, psicólogos, tratamientos médicos, remedios  y otros apoyos con que el segmento de altos ingresos complementa la formación de los estudiantes que lo requieren.