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Los estudiantes chilenos sienten el desgaste de las movilizaciones, pero insisten en reclamar una reparación histórica al sistema educativo. Alejandra 

Después de un período de relativa tranquilidad, consecuencia del efecto “rescate a los mineros” y del margen de maniobra que la sociedad chilena le concedió en consideración al desastre del terremoto y tsunami de febrero de 2010, Sebastián Piñera afronta la cara amarga de la política real.

Los incidentes por las protestas estudiantiles esta semana no se condicen con la imagen de progreso y prolijidad que el presidente chileno se esfuerza en publicitar. Tampoco con el crecimiento del 8,5 que el país puede exhibir.

La última encuesta de Adimark puso la popularidad de Piñera en un 31 por ciento y la desaprobación lisa y llana en 60 por ciento.

Lo ocurrido esta semana es uno de los síntomas de las causas de la desaprobación.

Como en muchas otras áreas, Chile arrastra en educación problemas estructurales producto de la manipulación pinochetista del sistema. Los gobiernos democráticos hicieron cambios, pero la base del problema subsiste.

La Concertación no pudo, no supo o no quiso realizar una reforma significativa en materia educativa. Es cierto que hubo otras urgencias y que Augusto Pinochet había dejado todo atado y bien atado. No había rincón de la vida política y social que no estuviera afectado por los resabios de la dictadura.

Así, los problemas que no son resueltos van explotando de a uno, reclamando la atención que se les ha negado.

En 1986, la dictadura traspasó todas las escuelas primarias y secundarias públicas a los municipios. Las municipalidades ricas pudieron mantener escuelas ricas; las municipalidades pobres se las tuvieron que arreglar con sus escuelas pobres. De esta manera se consolida, de entrada, la brecha que separa a los que tienen y los que no, y la que existe entre los que reciben una buena educación y los que se tienen que conformar con una de menor calidad.

En 1981, toda la educación universitaria pasó a ser paga, aún la de las universidades estatales. Los alumnos pueden obtener becas, pero los que no cumplen todos los requisitos (las mejores notas en la escuela, los mejores puntajes en los exámenes de admisión, provenir de familias de condición humilde) están casi condenados a pedir un crédito. Estos créditos tienen respaldo del gobierno, pero determinan que, al graduarse, los nuevos profesionales comiencen sus vidas laborales con una deuda de miles de dólares en sus espaldas.

En la actualidad, Chile destina cuatro por ciento del PBI a educación. La ONU aconseja el siete por ciento, pero no está ahí la explicación del descontento estudiantil.

Relativo. Patricio Meller, de Cieplan (Corporación de Estudios para América Latina, una ONG cercana a la Democracia Cristiana), es un experto en este tema y asegura que “en términos relativos, es mucho más caro estudiar en Chile que en Estados Unidos o Australia y, a diferencia de otros países, gran parte del gasto en educación superior recae sobre las familias”.

Meller, que también fue presidente del Consejo Asesor Presidencial de Equidad y Trabajo durante el gobierno de Michelle Bachelet, explica que el valor promedio de los aranceles que cobran las universidades asciende al 41 por ciento del PIB per cápita chileno. El país tiene un PIB per capita de 15 mil dólares y el 41 por ciento es seis mil dólares.

“En Estados Unidos, esta relación es del 28 por ciento, en Australia es de 12 por ciento y en Canadá es del 10 por ciento”, indica este profesional en una entrevista que se puede leer en el sitio web de Cieplan ( www.cieplan.org ).

Además, agrega que por cada peso que aporta el Estado chileno, la familia aporta cinco en educación superior. En Estados Unidos la relación es de un dólar contra dos, y en Australia es de un dólar aportado por el Estado contra uno de las familias.

Los estudiantes denuncian que el sistema se rige por las leyes del mercado, por lo que salen beneficiadas las escuelas y universidades privadas con subsidio estatal y son perjudicadas las escuelas y universidades públicas.

Reclaman educación pública, gratuita y de calidad, por lo que piden un gran acuerdo nacional por la educación. También apuntan a varios funcionarios y ministros relacionados con las universidades que mejor negocio hacen con el sistema.

El gobierno prometió un fondo de cuatro mil millones de dólares para educación, parte del cual irá a becas. El anuncio fue rechazado porque no modifica el carácter estructuralmente injusto del sistema.

Piñera también propuso “legalizar el lucro” de las universidades privadas y fiscalizarlas con la creación de un organismo ad hoc e incrementar los aportes estatales a las universidades públicas. Las medidas fueron consideradas no sólo insuficientes, sino contrarias a todo lo que se reclama.

El movimiento estudiantil siente el desgaste (ellos mismos lo admiten). Ahora deben esperar a ver qué consiguen del gobierno los rectores de las universidades más tradicionales de Chile, que también piden que el gobierno elimine el derecho a lucro de las universidades privadas.

Hasta ahora, Piñera y su ministro de Educación, Joaquín Lavin, han respondido con vaguedades, parches o remiendos. Falta una respuesta de verdad, que repare el efecto residual del pinochetismo.