El subcomisario de la PDI, Alonso Guajardo, dijo a La Tercera que aún no hay certeza de que esta sea la única diligencia ordenada por la fiscalía.

En estos momentos se está realizando una investigación para establecer la gravedad de la situación y las sanciones que correspondan, frente a la acusación del ex rector de la casa de estudios, Raúl Urrutia, que "los actuales controladores no tienen interés alguno en el quehacer universitario" y que han dejado de cancelar remuneraciones a los docentes y trabajadores de la casa de estudios".

Urrutia afirmó a través de un comunicado que en vez de cancelar al personal a contrata la deuda en sueldo que asciende a 250 millones al 25 de mayo, (sin contar las previsiones), se pagaron 600 millones a los controladores en forma directa o indirectamente a través de las inmobiliarias.