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Lucro constructivo

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Por: Rodrigo Gagner

Según este estudio de los colegas Eduardo Engel y Juan Eberhard, la aparición de algunas universidades privadas contribuyó a reducir la desigualdad de ingresos en Chile. Por otro lado, el sólo hecho de que cientos de miles de familias las prefieran -a sabiendas de que varias lucran- es un argumento para ser constructivo en este tema. Si bien las universidades que retiran utilidades no son necesariamente Satanás, tampoco tenemos que regularlas presumiendo que son Teresa de Calcuta -que es lo que hacemos actualmente-. Para cambiar las cosas podemos complementar el Gran Acuerdo Nacional que propuso el Presidente, y de pasada, podemos hacer que aquellos inversionistas que se “confundieron” sacando excedentes tengan un buen susto. Con buena regulación evitaríamos que se perjudique la calidad del producto actualmente ofrecido.

Históricamente, las Universidades privadas, especialmente si lucran, han sido un sector difícil de regular. Por ejemplo, muchas de estas universidades no reportan indicadores. Varias reaccionan a las patadas cuando se les sugiere limitar publicidad y revisar ciertas prácticas. Parece que 30 años de efectivo uso de influencias han dado fruto para que al sector no lo toquen. ¿Si no cómo se explica, por ejemplo, que con cinco Presidentes de ambas coaliciones no hayamos hecho nada?  La situación no da más. Si bien la educación podría ser un mercado, no es el mercado de las papas fritas.

Lo primero que necesitamos es saber cuáles universidades tienen fines de lucro. Para acercarnos muy imperfectamente, cerca de 500 personas estamparon su opinión en una encuesta no representativa. Los resultados por universidad los podemos ver en el gráfico del final, que muestra la fracción de personas que cree saber cuáles Universidades retiran utilidades vía sociedades relacionadas. Gracias a todos los que cooperaron.

En los gráficos están las universidades que los encuestados clasifican como menos probable de lucrar, tales como aquellas ligadas a los Salesianos, Adventistas y Jesuitas. Abajo encontramos universidades donde una mayor proporción identificó como “con fines de lucro”.  

En todo caso, esta encuesta no representativa parece tener bastante ruido. Por ejemplo, da la sensación de que algunos confunden el cobro de matrículas caras o una alta fracción de alumnos “pelolais” con el hecho de que la Universidad extrae lucro por sociedades relacionadas. De hecho, casi la mitad de las personas que mencionaron a la PUC sugirieron que tendría fines de lucro, lo cual no sería efectivo. Especulo que ese mismo mecanismo podría explicar por qué la Universidad de Los Andes y la Adolfo Ibáñez aparecen con una mayor fracción, aunque quizás me equivoco. Finalmente, abajo encontramos universidades que son percibidas casi exclusivamente como con fines de lucro. Yo no me hago cargo de las opiniones, simplemente las reporto. Bienvenidos sean los que quieran recopilar mejor información y tener mayor rigor científico. Para aquellas instituciones que se sienten perjudicadas por estas opiniones, no duden en transparentar su situación por los medios. De hecho me llama la atención que no hayan hecho un registro de fácil acceso.

Si nos ponemos escépticos, uno podría pensar que estas opiniones son sólo rumores de personas mal intencionadas. Por eso crucé las respuestas a la encuesta con algunas variables que, según teorías económicas modernas, están relacionadas a empresas con fines de lucro. No sorprendentemente, encontramos que las Universidades más mencionadas como con fines de lucro tienen en promedio: (1) mayor proporción de alumnos de primer año sobre matrícula total, lo que podría indicar una mayor tasa de deserción. (2) menor fracción de sus clases impartidas por profesores a tiempo completo con doctorados, que son docentes más caros y que no necesariamente ayudan mucho a aumentar la matricula. (3) menor probabilidad de reportar acreditación en el Consejo Nacional de Educación[1].

¿Significa esto que las universidades privadas son peores? No necesariamente, solo pruebo que son distintas. Por ejemplo, para masificar la educación de un tema relativamente estandarizado, posiblemente no sume mucho tener profesores con PhD, siempre que agreguen valor. Las señales de limitada acreditación y cooperación con el Consejo Nacional de Educación  me preocupan más,  porque coinciden con la sintomatología de la jibarizada regulación pro-calidad que tenemos.

 

¿Cómopodríamos avanzar? Si mis asesores no se equivocan, creo que hay una muy buena coyuntura para agarrar el sartén por el mango. El Servicio de Impuestos Internos -dependiente del Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda-  tiene la autoridad para revisar que los arriendos pagados por las universidades a sus sociedades relacionadas no estén inflados. Si el SII determina que el “precio de transferencia” -como se llama técnicamente- está inflado, entonces podría solicitar que se restituya la plata a la universidad sin fines de lucro. En la práctica, podría ser imposible revertir cobros hacia el pasado o documentar un fraude. Creo que tampoco necesitamos ir tan allá como país, porque el mero hecho de prohibir los “sobrearriendos” pondría en jaque al modelo de negocio actual de varias universidades, por lo menos aquellas controladas por fondos de inversión de private equity.

Esto facilitaría mucho las mejoras regulatorias, porque cambiaría el status quo de las empresas actuales. En este modelo que yo llamaría “discutamos pero mientras tanto respetemos la ley” las universidades con fines de lucro quedarían dificultadas de retirar utilidades de manera eficiente, lo que las ablanda mucho para negociar y aceptar normas duras pro calidad. Como dijo el Presidente, el país decidirá si se aceptan las Ues con fines de lucro o no. El tema es que  mientras se discuta el nuevo marco, se haga cumplir la ley vía el SII.

Para no asfixiar a las Universidades con normas irrelevantes o ideologismos, podría existir un consejo independiente (al estilo Banco Central) que supervise. Pero, a diferencia de lo que ocurre hoy, éste debe tener dientes de verdad. Y si a las actuales Universidades no les gustan los dientes, entonces simplemente les aplicamos la ley de Universidades privadas vigente -acuñada en el gobierno militar- y le dicen adiós a su retiro de utilidades. Esto, a menos que pongan al tío, al cuñado y a los hijos en el directorio, pagando impuestos por más de 40% en el margen, lo que claramente espanta a los fondos de inversión y, además, atraerá la atención de los postulantes y la prensa.

Ha habido abusos, es cierto. Sin embargo, tampoco se trata de lapidar a todos estos empresarios en la plaza pública, porque muchos han ayudado a generar valor. A menos que cooperen más, es preferible darles un buen susto y un par de períodos sin flujos de caja. Acá hemos pecado por muchos años como país, tanto desde la Concertación como desde la Alianza. Aunque el Ministro de Educación no es santo de mi devoción, su salida sólo aportaría a la pirotecnia. La solución merece un gran acuerdo para limpiar y ordenar la casa, quizás parecido al Lagos-Longueira, que legalizó las mejoras de remuneración a los directivos del Estado. Por lo demás, deberíamos despachar este tema relativamente rápido, antes que se nos desangre el capital político para hacer otras reformas más importantes.   

Nota: Tengo mucho interés en el tema, pero no tengo intereses directos en la industria universitaria en Chile. Tengo dos familiares que trabajan para Universidades Privadas, otros trabajan para Universidades Tradicionales, pero ninguno tiene acciones de instituciones universitarias. Agradezco mucho a Carla Aguilar, que facilitó la posibilidad de hacer la encuesta desde La Tercera Online. Obviamente sólo yo soy responsable de mis opiniones o errores. Pueden acceder a futuras columnas de opinión via Twitter en @W_rodri

 

 (*) Rodrigo Wagner es candidato a Phd en Economía de Harvard

[1] Los gráficos no tienen barras de error ni intervalos de confianza porque la encuesta no es representativa, por lo que no se puede hacer inferencia a ninguna población más allá de la muestra.  Las correlaciones mencionadas no son prueba de que el lucro causa esas diferencias, pero sí es evidencia consistente con esa visión.