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¿Educación pública, privada o popular? Reflexiones para el debate

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Categoría: Documentos de interés

Publicado el Jueves, 09 Junio 2011 14:37

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Por: Patricio Hernandez

La crisis educacional existente ha llevado a la palestra el tema de la Educación Pública, en torno al cual han surgido una serie de discusiones. Tenemos una Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública durmiendo en el parlamento, una discusión en torno a que el Estado otorgue recursos fiscales Universidades privadas con “sentido público”, la defensa del Consejo de Rectores de sus privilegios abogando a su “rol público” y distintas posturas que proponen recuperar una educación “pública” o el “sentido de lo público”. En lo que a mi respecta, yo no lucho por defender a la Universidad de Chile ni a otra “tradicional”, ya que son controladas por oligarquías político-académicas, producen conocimiento y profesionales para satisfacer las necesidades de las grandes empresas que controlan este país, dejan fuera a la mayoría de estudiantes provenientes de sectores populares y, por mucho (o poco) aporte estatal que reciban, finalmente son financiadas a costa del sudor y el endeudamiento del estudiante y su familia. Tampoco me interesa luchar por universidades “progresistas” o con “sentido público” como ARCIS  o la Academia de Humanismo Cristiano, que se sustentan a costa del lucro, que engrosan sus billeteras explotando “nichos” académicos “alternativos” y que hablan de democracia y pluralismo y cuando el estudiante se organiza por sus derechos lo sancionan, lo criminalizan, lo persiguen y lo expulsan. Yo no lucho por una educación “pública”.

Habría que preguntarse, sin embargo, qué es es la educación pública y, en el fondo, qué es lo público. Personeros públicos, espacio público, instituciones públicas, servicios públicos, opinión pública, poseen un apellido que hacen referencia a algo en común. Si siguiéramos las líneas del liberalismo, la cuestión básica sería el interés público, las cuestiones en común que comparten y representan al conjunto social. Así, un espacio público serían los lugares de libre acceso a los que todos tienen acceso (plazas, calles, parques, etc.) en función de un interés común, lo estatal se relacionaría con lo público al ser una cristalización de los intereses colectivos y en actuar en función de estos, algunos servicios serían públicos en la medida en que están dirigidos hacia toda la población para satisfacer un interés común en salud, educación, transporte, etc. Obviamente el “interés común” planteada no es mas que la concepción de mundo de los dominadores impuesta como el sentir popular.

Lo público se encuentra en teoría separado de otra esfera que es la privada. Lo público, en donde se representaría el interés común, se contrapone a lo privado en donde primarían los intereses particulares. Aunque dicha separación sea relativa en tanto las empresas privadas pueden ser consideradas de carácter público si producen bienes públicos. Por tanto, lo público no es exactamente lo mismo que lo “estatal”, aunque las líneas entre ambos puedan cruzarse continuamente. Un ejemplo de ello es el  Transantiago, un sistema “público” de transporte, en manos de privados, que produce lucro para privados, pero que apuesta a un bien común.

Así, cuando se piensa en la educación pública, se piensa en una educación que supuestamente produce un bien común y en donde lo estatal tiene cierto peso. Es público el sistema municipal ya que es gratuito y “para todos”, es administrado por un ente del entramado estatal (el municipio) y sus recursos provienen de fondos estatales (subvención) y municipales. Serían públicas las universidades tradicionales al tener el Estado incidencia en ellas en lo administrativo y en los recursos que les otorga (aun cuando buena parte de ellas son financiadas por los propios estudiantes mediante matriculas y aranceles). Esta es la educación pública de las que se nos habla y cuando se discute sobre el financiamiento estatal a universidades con sentido público, se intenta colocar el concepto en función de un supuesto “interés común” que ayudarían estas a satisfacer.

La pregunta es, sin embargo, ¿luchamos por una educación pública? ¿Luchamos por lo público? Si lo público son las calles llenas de cámaras de vigilancia y guardias municipales, si son las plazas que no podemos ocupar para actividades sociales, si son los paupérrimos servicios sociales que mantienen con una salud, educación, vivienda, pensiones, indignos para el pueblo, si es la opinión de los medios de comunicación y de los políticos, si públicas son las universidades tradicionales que mantienen endeudados a los estudiantes y produciendo conocimiento y profesionales para las empresas, pues lo público ninguna satisfacción puede dar a las necesidades de los explotados y marginados de este país.

Lo público y lo privado, tan entremezclados hoy en día, son dos aspectos dentro de una misma realidad. Como analizara Gramsci, la división público/privado es una división interna dentro del derecho burgués. Lo público se inserta dentro de la “sociedad política”, en donde el entramado político-jurídico se encarga de administrar y ejercer la coerción para dominar al pueblo, mientras la “sociedad civil”, el ámbito de lo privado, se encarga de construir “consenso” en la sociedad para que esta sea dirigida por la elite dominante. Estatal y privado, y lo público que se juega entre ambos en función de un “interés común” impuesto por las clases dominantes, garantizado y representando por la sociedad política y legitimado y reproducido en la sociedad civil, son partes de una misma realidad de dominación.

Respecto a una educación “estatal”, hay que realizar una distinción: una cosa es que el Estado “asegure” la educación (estableciendo constitucionalmente el derecho a la educación, su gratuidad, la asignación de recursos, el no lucro, etc.) y “vele” por ella (a través de mecanismos de fiscalización del uso de recursos, colocando sanciones en el caso que corresponda, etc.), pero otra cosa muy distinta es que el Estado esté a cargo de la educación, es decir, que sea el Estado quien nos eduque. El Estado es un complejo de relaciones sociales y cristaliza la correlación de fuerzas existente en la sociedad y al interior de los propios dominadores. Estar a cargo de algo es lo mismo que decir que ese algo está en manos de alguien. Y el Estado, en manos de una clase política que responde a los intereses de los dueños de este país, no puede sino reflejar esos intereses en sus políticas. Puedo compartir o no la idea de que el pueblo o sus organizaciones deben conquistar el gobierno, o el parlamento y hacerse con el Estado. Esa es otra discusión. Pero lo concreto es que, bajo el escenario actual, dejar la educación en manos del Estado es dejarla bajo el dominio de los mismos que han hecho de ella un negocio y han instalado una visión educativa que nos enseña a ser sumisos.

Es muy valorable la intención de querer recuperar un sentido de lo público al servicio de la sociedad y de exigir que la educación vuelva a manos del Estado, sin embargo, dentro de esta reflexión el objetivo va más allá de estos límites. Debemos luchar por una educación en manos y al servicio del pueblo, en donde el conocimiento sea construido constructiva y críticamente en función de las necesidades, intereses y aspiraciones de la mayoría de este país. Es esto a lo que podemos llamar lo “popular”. Debemos luchar por una educación de carácter “popular”, no estatal, ni pública ni privada. Debemos luchar por una educación que permita a los excluidos y explotados de este país dotarse de las herramientas para construir su propio destino. Y esto no lo lograremos ni defendiendo al Consejo de Rectores, ni avalando la existencia de universidades privadas que lucran, ni discutiendo sobre convenios de desempeño. Una educación para y desde los sectores populares debe centrarse (A LO MENOS) en 2 ejes fundamentales:

1) Acceso: la educación es un derecho social y por tanto todo estudiante chileno debe contar con la posibilidad para acceder a ella sin restricciones de ningún tipo. Esto implica la gratuidad total del sistema educativo chileno y la resolución de otras problemáticas que le impiden al estudiantado acceder a la educación o desenvolverse correctamente en ella: alimentación, transporte, alojamiento, salud, etc. La educación debe ser gratuita y esta gratuidad debe estar garantizada y protegida Constitucionalmente. Dineros existen para ello, están en los recursos naturales que día a día nos saquean las grandes compañías extranjeras. Por ello no hay educación gratuita sin una renacionalización del cobre.

2) Co-gobierno y autonomía educativa: una educación para el pueblo implica que esta esté en manos del pueblo y por tanto excluye la injerencia de la iglesia, los partidos políticos, la masonería y otros tantos poderes fácticos. La educación debe ser autónoma a estos poderes y basarse en el co-gobierno de estudiantes, trabajadores, docentes y la comunidad local allí donde corresponda. El Ministerio de Educación debe diseñar las líneas generales que rijan a la educación chilena, conjuntamente con la comunidad educativa, pero la adaptación y aplicación concreta debe quedar en manos de las comunidades educativas, siendo deber del Estado financiar los proyectos de desarrollo que la misma comunidad se de. Si la educación es un monopolio en manos de unos pocos, es nuestro deber recuperarla y colocarla en manos de la mayoría.

Una educación popular es entonces una educación para el pueblo, en la medida en que el acceso está garantizado universalmente, y una educación por y desde el pueblo, ya que son las comunidades educativas y locales las que toman en sus manos el rumbo de la educación. Claro está que cualquier cambio educativo que nosotros queramos llevar adelante no basta con reflejarlo en las leyes e instituciones, sino también debe expresarse en la base misma. Podríamos lograr autonomía y co-gobierno, pero que sigan siendo los mismos poderes actualmente existentes los que hegemonicen esos espacios. Por tanto, nuestra lucha por victorias concretas que nos lleven hacia un horizonte de largo plazo debe ser parte de un proceso en donde el estudiante y el resto de los actores del sistema educativo vayan adquiriendo conciencia y capacidad de organización y pelea para llevar adelante sus objetivos y plasmar esta fuerza allí donde lo requiera. Sólo la construcción de este poder estudiantil y popular es lo que asegurará la transformación radical que la educación exige y merece.