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Educación pública, una vedette que irrumpe en el escenario

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No fue tomada en cuenta en la LGE y estuvo a punto de perderse en el olvido, pero contra todo pronóstico el reforzamiento de la educación estatal hoy es fundamental para que la ley que reemplaza la LOCE vea la luz. Por ello, se prevé que antes de fin de año el proyecto de ley que presentará el Ejecutivo estará en el Congreso, aunque el escenario, para variar, se vislumbra tormentoso.

Claudia Urquieta Chavarría


A pesar de que aún no se ha presentado oficialmente el plan que el Ministerio de Educación (Mineduc) está preparando para reforzar la educación pública, diversos actores políticos ligados al mundo educacional adelantan que el corazón de la propuesta es cambiar la actual municipalización del sistema.

Objetivo nada fácil, ya que un cambio de esta envergadura no será precisamente santo de devoción para algunos sectores. Como el de los alcaldes, que aunque se han quejado de la carga que implica administrar el sistema educativo, en su mayoría no serán partidarios de ceder esa gestión.

Además, según explica la diputada Carolina Tohá (PPD), dentro del propio oficialismo hay visiones cautelosas sobre la educación pública y reticentes a hacer cambios radicales que confluyan en un modelo nuevo.

“Está complicado. Es una enorme oportunidad para hacer propuestas en serio y hacerse cargo del tema municipal. Y al mismo tiempo es un combustible que puede impulsar la reforma o paralizarla”, sentencia.

Paralelamente, existe una enorme presión desde el Senado, donde la votación de la Ley General de Educación (LGE) está en stand by al menos mientras no existan señales concretas de que el proyecto sea una realidad. “Es fundamental que ingrese al Parlamento porque sino la suerte de la LGE es muy incierta. Es como una condición. Y el Gobierno entiende que es un trago muy fuerte reemplazar la LOCE sin un proyecto de fortalecimiento de educación pública”, aseguran desde La Moneda.

Una breve sinopsis

Pese a la enorme reserva con que se han mantenido los avances y lineamientos del equipo del Mineduc coordinado por María José Lemaitre, ha habido algunos adelantos para parlamentarios y jefes de bancada.

En base a esto, el senador y presidente de la Comisión de Educación, Alejandro Navarro (PS), comenta que se planteará una fórmula para que sean los gobiernos regionales los que se hagan cargo de administrar el sistema de educación pública, mediante corporaciones descentralizadas que no serían locales ni territoriales. “En ese escenario las direcciones provinciales deberían desaparecer”, detalla el socialista.

En la misma línea, el diputado Carlos Montes (PS), uno de los parlamentarios que llevó la batuta a la hora de exigir el reforzamiento de la educación pública como moneda de cambio para votar a favor de la LGE en la Cámara Baja, asegura que la propuesta apunta a tener unidades de gestión más eficientes y que sean descentralizadas. Y que en todo caso, si esto se materializara, sería un cambio muy gradual.

La diputada Tohá, también señala que las propuestas apuntan en esa dirección, ya que explicó que se está pensando en un órgano autónomo, ligado al Mineduc por la remoción y nombramiento de su encargado a través de la Alta Dirección Pública (ADP). Y que tendrá un financiamiento propio.

“Creo que en la Concertación hay bastante ánimo como para acoger la creación de una nueva instancia administradora, pero va a haber mucho interés en conocer la mirada que hay sobre financiamiento. Sobre eso aún no hay suficiente claridad”, señala la parlamentaria.

En todo caso, aún no se sabe con exactitud cuándo se entregará la propuesta a la Presidenta Michelle Bachelet, ya que en este momento se están priorizando las acciones de corto plazo -como la restauración de liceos tradicionales- para que puedan entrar en la Ley de Presupuesto de 2009. Por ello Lamaitre adelanta que lo más probable es que recién se materialice a fines de este mes o a principios de octubre.

Luego de eso, se convertiría en proyecto de ley y, según fuentes de Palacio, ingresaría al Parlamento “definitivamente” antes de fin de año, sumándose así a la LGE y al proyecto que crea la Superintendencia y la Agencia de Calidad del área.

Hay voluntad política, pero…

El otrora presidente del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, Juan Eduardo García Huidobro, ha seguido atentamente todo el proceso de reforma. Y su impresión en torno al reforzamiento de la educación pública es que la situación es “un poquito complicada, porque hemos ido dejando este tema para el final”.

Sobre todo porque a su entender el meollo del asunto, y lo que ha puesto en crisis el sistema estatal, es la relación con la educación privada, que crea una feroz competencia y que ha terminado minando a su contraparte.

En todo caso cree en la voluntad política para hacer cambios “de verdad”, pero advierte que para “arreglar” la educación pública es necesario mejorar la relación con los distintos subsistemas. Y esto se traduce básicamente en generar las mismas oportunidades y obligaciones con los particulares subvencionados. “No podemos pensar que, porque se genere una institucionalidad distinta, estos nuevos administradores serán mejores porque sí. Para ello tengo que darles mejores condiciones para trabajar”, sentencia el académico.

Y concluye que “para meternos en serio, vamos a tener que incluir disposiciones que regulen la educación pública con el resto del sistema. Si quiero una educación pública que pueda ser una opción y no el patio de atrás, donde elegir no sea mandar a mi niño adonde van los que no pueden pagar, tengo que preguntarme por qué terminó siendo una educación pobre para pobres”.

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