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La Lucha Contra la LGE Continua

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Categoría: Documentos de interés

Publicado el Sábado, 09 Agosto 2008 21:19

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Chile

Boicot fue la palabra elegida por los medios nacionales para calificar la convocatoria del Colegio de Profesores de Chile (CoProCh) de suspender la evaluación docente este año, atendiendo a los resultados de la Consulta Nacional realizada el 20 de Junio en todo el país y en la que 13 mil maestros definieron suspender el proceso en pos de la elaboración de una carrera profesional docente.

“El Colegio de Profesores está de acuerdo con la evaluación docente, pero que sea dentro de una carrera profesional y que se hagan modificaciones para su mejor implementación” explicó Jaime Gajardo, Presidente CoProCh, dejando clara la posición del colegio.

Gajardo ha sido categórico a la hora de definir la responsabilidad de la que ha calificado como una campaña de desprestigio del gremio: “lo hay es una campaña que está dirigida desde el Ministerio de Educación que lo que busca es despejar el camino y que la LGE, que ha sido criticada por el colegio, sea aprobada sin problemas”.

Desde el Mineduc y la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) han surgido las recriminaciones a los profesores por su decisión, amenazas de despido inmediato y opiniones de desconocimiento de la definición del magisterio.

Frente a eso, el dirigente nacional del CoProCh, Juan Soto, manifestó que “en muchas oportunidades los alcaldes han recurrido a nosotros para que de manera conjunta presionemos al ministerio, entonces es sorprendente que aparezcan haciendo el papel de verdugos para chicotear a los profesores porque supuestamente no nos queremos evaluar”.

“Esta es una decisión política de hacernos aparecer como villanos cuando el país está atento de otra cosa, que es la LGE, como vieron que en un momento fuimos capaces, junto con la comunidad organizada, de ponernos a la cabeza de este movimiento de resistencia a este mal proyecto, no encontraron mejor manera de tratar de desviar la atención que desprestigiándonos” explicó Soto.

Evaluación docente

Gajardo explica que en la Asamblea Nacional Programática realizada en enero de este año se resolvió, atendiendo a reiterados reclamos de las bases, la necesidad de “hacer una revisión de este proceso, mejorarlo y superarlo”.

Tras esa definición se conforma una comisión en la que participa el Magisterio, Mineduc y ACHM, cuyas resoluciones son sometidas a una Consulta Nacional, realizada entre los días 20 y 24 de junio, en la que un 96% vota a favor de la opción de suspender el proceso.

“Nosotros participamos en las sesiones con el ministerio, sin embargo, no hubo ninguna acogida a nuestros planteamientos”, explicó el presidente de los profesores, “una vez que tuvimos los resultados de la Consulta, los 15 dirigentes del directorio los analizaron, hubo opiniones distintas y de los presentes, 8 votaron por validar la consulta, 1 votó en contra y los demás se abstuvieron”.

Olimpia Riveros, miembro del Directorio Nacional y quien fue parte de la Comisión Mineduc- CoProCh-ACHM, agrega que “el actual sistema de evaluación docente, a juicio de la mayoría del Colegio de Profesores y de la inmensa mayoría de los profesores del país, no apunta al mejoramiento de la calidad de la educación”.

“Nosotros no estamos actuando antojadizamente sino que es la demanda de los profesores de este país que, evaluándose o no, nos reclaman” agrega Riveros.

Sobre el Instructivo Legal dado a conocer a los docentes y que fue catalogado de “boicot” por algunos medios, Herman Martínez, Director Nacional a cargo del Departamento Jurídico, estableció que “nosotros tenemos el pleno derecho a entregar orientaciones jurídicas basadas en la ley, no estamos pasando a llevar la institucionalidad del Colegio, bajo ningún punto de vista”.

En tanto, Mario Aguilar, miembro del Directorio Nacional del Magisterio, calificó de “imitadores del Señor de la Querencia” a los miembros de la ACHM, pues explicó “omiten información, amedrentan y amenazan soslayando que la evaluación docente se basa en una ilegalidad, de un abuso legal con los docentes, que es imponerles una obligación laboral a los profesores que tienen que cumplir en su tiempo libre”.

“Existen convenios internacionales, a los cuales Chile adscribe, que establecen que ningún trabajador puede ser sometido a trabajo forzado, siendo aquel que se realiza fuera del contrato de trabajo y de sus responsabilidades laborales” agrega Aguilar.

Proyecto de Ley de Educación Pública

Así las cosas, el Colegio de Profesores ha rechazado la campaña que intenta desprestigiar a los profesores en un momento gravitante en la política y la historia del país y que tiene que ver con la votación de una LGE que no representa a las mayorías y no defiende la educación pública.

El rechazo se manifiesta, además de solicitar una reunión con la OIT para denunciar persecución sindical por parte de los Alcaldes y de anunciar recursos de protección ante los despidos, en la continuidad de la batalla contra la LGE en el Senado.

En esta idea, Jaime Gajardo y otros dirigentes nacionales, regionales y comunales del Magisterio dieron un puntapié inicial al segundo tiempo de esta lucha, dando a conocer a la comunidad la propuesta alternativa de Educación

Pública que el magisterio expondrá ante la Comisión de Educación el próximo 05 de agosto.

Gajardo indicó que dicho proyecto “está abierto a recibir indicaciones de otras organizaciones y es ese proyecto el que nosotros vamos a exponer en el Parlamento, un proyecto con 79 artículos, basado en lo que aprobó la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, pero con los elementos fundamentales que creemos le faltan a la LGE”.

En la misma idea, el ex juez Juan Guzmán Tapia, quien preside la Coordinación de Abogados por la Educación Pública, estableció que “la LGE es una especie de modificación de la LOCE y no va a los puntos principales: prevalece el derecho a la enseñanza por sobre el derecho a la educación, lo que significa que se está privilegiando a las empresas de educación por sobre la necesidad de ser educados”.

“Seguimos en pie por lograr una nueva institucionalidad educativa para el país, vamos a seguir dando la pelea en el Senado” manifestó Gajardo, dejando claro que ni el desprestigio ni las tergiversaciones de sus definiciones podrán echar abajo una decisión principal de amplios sectores de la sociedad: defender la Educación Pública de calidad para todos y todas.