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La educación como bien público

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Categoría: Documentos de interés

Publicado el Viernes, 25 Julio 2008 00:55

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Carlos Briseño Torres

Puede afirmarse que uno de los principales desafíos de la realidad global es la educación: lograr una educación de calidad para todos a lo largo de la vida y que este enunciado deje de ser un simple deseo y se asuma por los gobiernos como una realidad, es una demanda que encara de diferente manera a los estados nacionales y a los organismos internacionales.

El texto aprobado en el Foro Mundial sobre Educación celebrado en Dakar, Senegal, en abril del año 2000, en su marco de acción, estableció “un compromiso colectivo para cumplir los objetivos y metas de la educación para todos (EPT), para todos los ciudadanos y todas las sociedades”. Pese al esfuerzo que gobiernos, organismos nacionales e internacionales realizan para que toda la población tenga acceso a una educación —que comprenda: aprender a asimilar conocimientos, a hacer, a vivir con los demás y a ser, con el objeto de mejorar su vida y transformar la sociedad—, en el caso de América Latina su juventud enfrenta una realidad extremadamente desigual que la arroja a situaciones de exclusión, pobreza, falta de oportunidades, que tienen que ver con las inequidades y limitaciones del sistema educativo.

Según cifras del Banco Mundial, la cobertura de la educación primaria en América Latina es casi universal, pero los porcentajes de deserción son de los más elevados del planeta. En los siguientes niveles educativos las cifras son desalentadoras en la región: en 2005, la cobertura en educación superior era de 20 por ciento, mientras que en países de la OCDE es de 60 por ciento; existen 37 millones de adultos analfabetos, y 110 millones de personas con estudios de primaria no los han concluido.

Otro de los desafortunados acontecimientos en torno a la educación se refiere a su calidad, ante la insatisfacción a las demandas del sector productivo y de servicios. Según el Banco Mundial, más de 20 por ciento de todas las empresas de países en desarrollo declaran que uno de los obstáculos más importantes o graves que afectan a sus operaciones consiste en la “falta de aptitudes y educación adecuadas de los trabajadores”.

Como podemos darnos cuenta, el derecho a la educación no se agota en un ciclo o nivel escolar, sino que contempla el derecho a aprender a lo largo de la vida, y por supuesto en este proceso va implícita la educación superior y la actualización continua, así como la exigencia de que éstas sean de calidad, para poder preparar a los jóvenes para el mercado laboral y el desarrollo de la sociedad. A su vez, el objetivo de la EPT, parece ser un anhelo concerniente más al deber ser que al ser.

Para avanzar en lo anterior, se precisa entender la educación superior —que es en la que más asimetrías e inequidades se presentan— como “un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado”, tal como fue aprobado en la Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe (CRES-2008), celebrada el mes de junio pasado en la ciudad de Cartagena, Colombia.

En términos económicos, un bien público se define como un servicio u objeto que puede ser consumido por algún o algunos individuos sin reducir las oportunidades de otros a su consumo o disfrute. Tratándose de los derechos humanos y sociales o de los servicios públicos, para garantizar que nadie por razones de raza, sexo, idioma, religión, posición social, recursos disponibles o filiación política, sean excluidos de su disfrute, los bienes públicos deben ser provistos por el Estado.

Una sociedad será más equitativa cuando disponga de más bienes públicos reales, como la seguridad ciudadana, el medio ambiente, el ciberespacio y el Estado de derecho. Sin embargo, “cuando un bien público —como la educación— se ofrece en calidad y oportunidad de una manera para unos sectores y de otra manera para otros, el bien deja de ser público y se convierte en corporativo [...] La educación no es pública por ser ofrecida por el Estado; la educación es un bien público cuando todos los miembros de una sociedad reciben educación de igual calidad, independientemente que sea ofrecida por un establecimiento del Estado o uno privado”, tal como se establece en el documento La educación como bien público y estratégico derivado del Encuentro Regional Unesco-Unicef, celebrado en Cartagena, Colombia, del 31 de agosto al 2 de septiembre de 2005.

Al ser la educación superior un bien público social, los estados tienen el deber fundamental de garantizar este derecho real a todos los habitantes en aptitud de cursarla; y, éstos, las sociedades nacionales y las comunidades académicas, deben ser quienes definan los principios básicos para que la educación sea de calidad.

No asumir la educación superior de esta manera hará difícil revertir su tendencia creciente a la mercantilización y privatización y el cada vez más reducido financiamiento del Estado. Éste es sin duda el reto y la realidad en los países de nuestra región. No trabajar a favor de una buena y renovada educación superior significa cancelar legítimos derechos y aspiraciones.