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Los estudiantes (tanto secundarios como universitarios) nos han demostrado -en pocas semanas- que no es necesario ser abogado constitucionalista para saber que la carta de navegación de Chile, ya no sirve.

 

Ante la demanda estudiantil -que claramente remite a una legalidad que no existe en el país – las respuestas han sido unas cuantas reformas parche. En menor o mayor grado, se responde con gotitas de modificaciones que, al final, no cambia el meollo del asunto, la Constitución de 1980.

Algo que los mismos estudiantes tienen más que claro. Cosa curiosa si pensamos que ni educación cívica se estima es oportuna enseñar en los colegios desde el comienzo de la dictadura.

Aún así, el estudiantado del país olfateo que nuestra constitución de 1980, estipula que la empresa en cada ámbito, menos en la de defensa, está por encima del aparato estatal. En otras palabras, el Estado de Chile es un mero espectador y proveedor de recursos frescos y constantes a las empresas. Una relación más que desfavorable ya que vemos los efectos sobre nuestra educación, nuestra salud, nuestro medioambiente, nuestras pensiones, nuestra infraestructura, nuestro bienestar y un largo suma y sigue. La Constitución de 1980 además, establece -de forma pérfida por cierto- el nivel de obligación que tiene cada ciudadano hacia la empresa.

Por ejemplo, simultaneamente que cada chileno y chilena está obligada de depositar un pedazo de su sueldo en los fondos de pensiones privados (cosa que mensualmente asegura un flujo fijo a la bolsa de comercio de Santiago sin que exista opción pública alguna), cada estudiante se convierte en deudor de la banca chilena para simplemente, poder estudiar.

La mayoría de los países en Latinoamérica han cambiado sus constituciones sin mucha trauma. En Chile, en cambio, parece que el miedo al ridículo prevalece.

El argumento más escuchado es que si bien existe el ánimo de cambiar la Constitución, el procedimiento mismo es lo que aterra. “Quiénes lo harían…” se preguntan preocupados como si acaso armar una Constitución es asunto de física nuclear.

La de 1980 la hicieron unos cuantos ‘pelados’ y aún sigue vigente. La anterior, la de 1925, se armó haciendo un copypaste después de una revuelta social aristocrática. La de 2013 será escrita entre pares mediante grandes debates y derroche de creatividad durante 2012.

O sea, es cosa fácil. Para los traumados que le gusta esto de los procesos ordenados y para legitimar tanto el proceso como el resultado final, he aquí una propuesta de un plan de acción:

Primero hay que entender que no es necesario reinventar la rueda ni que tampoco somos tan excepcionales.

Para lanzar el tema, con la seriedad que nos caracteriza, se hará un congreso mundial de 4 días en Santiago en Diciembre 2011 con dos vertientes que se cruzan: ponencias de constitucionalistas mundiales e historiadores que exponen sobre ejemplos de recientes procesos constitucionales (la parte lega y social) y también la parte tecnológica y de lógistica. Sin ir muy lejos, podemos nombrar los esfuerzos que se hicieron con la Constitución de Sur Africa, Bolivia y a hora último, en Islandia. Cada uno fiel reflejo de que se puede -si es que la situación histórica asi lo amerita- construir una nueva carta constitucional.

Las ponencias serán abiertas e emitidas online con gran difusión en la prensa. De ahí, se tomará 3 ejemplos de constituciones (el clásico copy-paste con modificaciones locales) que se someten a la discusión ciudadana con el apoyo de un Supercomisión.

La Supercomisión será integrada por 121 personas con diferentes niveles de expertise: 1/3 serán abogados elegidos entre pares, 1/3 serán ciudadanos inscritos en la nómina electoral y seleccionados según sorteo abierto, y 1/3 serán miembros de movimientos de la sociedad civil (o sea, todas y todas con ánimo y que también serán sorteados).

Los 3 ejemplos serán debatidos, párafo a párafo, en la red y en sesiones abiertas con plazos fijos para recoger comentarios de la ciudadanía. Es decir, la Supercomisión tendrá que apoyar el proceso con sus conocimientos legales en cada etapa. Todos y todas a trabajar. No hay espacio para la flojera.

Cada semana, se emite un boletín -impreso y electrónico- que da un resumen del avance.

Es un proceso abierto, monitoreado y alimentado por la ciudadanía, con sesiones técnicas abiertas que se retroalimenta en internet y en las radios, y con plazos fijos dentro de cada etapa.

El resultado del debate público, las 3 alternativas de una posible Constitución, serán socializadas tanto en el parlamento chileno como en la sociedad misma, durante un plazo de 4 meses, para luego ser sometidas a una consulta nacional.

Como ven, no es un plan costoso. Podemos hasta aprovechar las elecciones de Octubre de 2012 y de Noviembre de 2013, para la consulta nacional.

La otra alternativa sería llamar a elecciones anticipadas, pero dudo que alguien quiera eso.